El
6 de abril pasado, el presidente López Obrador dio un informe sobre el avance
de su administración en el que mencionó que estaba en marcha un “programa
emergente para el bienestar y el empleo” dirigido a la atención de la pandemia
del COVID-19, así como a sus efectos económicos. Señaló que se habían dispuesto
40 mil millones de pesos adicionales para el sector salud, y que se
contratarían 45 mil médicos y enfermeras más. También destacó que se profundizarían
y adelantarían los programas sociales que ha venido ejecutando desde el inicio
de su gobierno, como el de adultos mayores, el de becas a diferentes niveles escolares,
el de aprendices, el de sembradores de árboles y de pescadores ribereños, entre
otros.
El
presidente afirmó que con los programas sociales y de desarrollo del gobierno
federal “se llegaría a 22 millones de beneficiarios”, con lo cual ratificaba la
prioridad que otorga a la población que vive en condiciones de pobreza.
Para
financiar lo adicional a sus programas ordinarios, López Obrador mencionó una
fuente nueva y otras ya existentes:
· -- Los recursos
federales guardados en innumerables fideicomisos públicos sin estructura
orgánica;
· -- El Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios;
· -- Las subastas aceleradas de los bienes
incautados a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado;
· -- La banca de desarrollo; y
· -- Una mayor
austeridad republicana.
Destacó,
asimismo, que en breve daría a conocer el programa de inversión pública,
privada y social del sector energético, por un monto superior a los 339 mil
millones de pesos.
En
suma, el presidente habló de que su fórmula para remontar la “crisis
transitoria” sería: mayor inversión pública, empleo pleno y honestidad y
austeridad republicana.
Finalmente,
remató señalando que “Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las
llamadas medidas contracíclicas que sólo profundizaban más la desigualdad y
propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos.”
En
mi opinión, este mensaje del presidente tiene varios problemas:
1. 1. La visión
sobre el papel del gobierno federal.- Tiene razón el presidente al dar
prioridad a la atención de la población más vulnerable. Pero no la tiene al
excluir al resto de la población. México tiene más de 125 millones de
habitantes, por lo que 22 millones de beneficiarios es menos de la sexta parte
de la población total. Estos beneficiarios no están en su mayor parte dentro de
la población económicamente activa, que es del orden de 60 millones de trabajadores,
de los cuales poco más de la mitad se encuentran en la economía informal y en
su mayoría perciben ingresos que no rebasan los dos salarios mínimos. Además,
el 70% de los empleos formales están en las empresas micro, pequeñas y medianas.
2. 2. La visión sobre la urgencia, duración y tamaño
de la crisis.- Las actividades económicas se han parado en su mayor parte. No
hay ventas, no hay ingresos y muchas personas y empresas no cuentan con las
reservas suficientes para resistir varios meses en estas condiciones. Los
análisis más optimistas señalan que la parte más álgida de la pandemia
persistirá por lo menos hasta finales de junio (3 meses más). Si sólo se
apoyara a la mitad de la fuerza laboral con 5 mil pesos mensuales, se requeriría
de una erogación de 150 mil millones de pesos durante cada mes que dure la
pandemia y, por tanto, la paralización de la economía (esto es, recursos
adicionales por un 0.6% del PIB cada mes).
3. 3. La
visión sobre el funcionamiento de la economía.- Las medidas contracíclicas
indican solamente su papel para contrarrestar la caída en las actividades
económicas. No son buenas o malas en sí mismas. Depende de cómo se diseñen y
apliquen. Lo que sí es un error ( y malo en sí mismo) es dejar que la economía
se caiga tan abrupta y profundamente como va a ocurrir si no se hace algo. Lo
mismo puede decirse de la deuda pública. No es buena o mala en sí misma.
Depende de cómo se utilice y en qué condiciones se contrate (costo, plazo,
condicionalidad). México no es un país sobre-endeudado y tiene, a decir de
varios expertos, un “espacio” de por lo menos 10 puntos del PIB para contratar
más deuda sin problema (alrededor de 2.5 billones de pesos). Además, el
financiamiento puede hacerse con una combinación de fuentes viables: financiamiento
directo del Banco de México (sin deuda) en una proporción que no resulte
inflacionaria; compra de bonos federales por parte del Banco de México;
utilización de líneas internacionales con el FMI y la Reserva Federal de
Estados Unidos, sin condicionalidad.
4. 4. La
visión sobre el papel de las grandes empresas privadas.- Todo país necesita
empresas privadas grandes y eficientes, que inviertan y sean innovadoras, que
organicen y eleven las competencias de empresas de menor tamaño. Las empresas
grandes pueden resistir más una crisis, pero no están exentas de entrar en
dificultades por falta de ingresos. El apoyo del gobierno no tiene por que ser a
fondo perdido ni exento de condicionalidades (sobre reparto de utilidades e
ingresos de los altos directivos, por ejemplo), pero sí puede ser necesario en
un momento dado para evitar daños mayores a la actividad económica y el empleo.
5. 5. La
visión sobre el momento histórico que estamos viviendo.- Esta crisis pone de
relieve la enorme debilidad de las finanzas del gobierno federal por la
insuficiencia estructural de ingresos que padece desde hace décadas. Pero
también ofrece la oportunidad única de plantear un cambio que sería visto a
todas luces como necesario, no sólo para pagar la deuda adicional que se
hubiera contratado, sino para fortalecer las condiciones de la reactivación
económica que habrá de requerirse. Este cambio consiste en una reforma fiscal
que permita establecer un impuesto a la riqueza y al ingreso de los más ricos
(que ya está también en la agenda política de Estados Unidos).
Espero
que los próximos acontecimientos hagan cambiar las visiones antes enumeradas,
pero el país no puede esperar a que eso ocurra. Por ello, se plantea aquí la
posibilidad de que sean los gobiernos de las entidades federativas quienes
asuman el liderazgo social que se requiere, convocando a empresarios,
sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, a que participen en la
deliberación, acción y vigilancia de sendos planes estatales para la emergencia
de salud y económica.
Tales
planes deberían dimensionar con claridad el problema de cada entidad y proponer
las acciones de corto y mediano plazos necesarias, cuantificando los recursos que
en cada caso se requieran.
Los
gobiernos estatales deberían diseñar un instrumento de financiamiento -un bono
de largo plazo- en colaboración con el Banco de México y las instituciones
financieras del país que pueda ser colocado y adquirido por estas mismas
instituciones en condiciones que permitan un año de gracia en el capital e
intereses, y un fideicomiso de garantía y pago que capte los recursos de un
nuevo impuesto estatal al consumo del 4% a partir de 2021.
Si
la recaudación total del IVA federal es de poco más de 900 mil millones de
pesos al año, el 4% estatal equivaldría a un 25% de ese monto; esto es, alrededor
de 230 mil millones de pesos anuales (casi un punto porcentual del PIB).
También
podría convocarse a los principales municipios urbanos para que hagan un esfuerzo
paralelo de mayor recaudación vía el aumento en el impuesto predial, que hoy es
casi insignificante, pero podría actualizarse gradualmente, y dar lugar a
fideicomisos municipales de garantía y pago con los recursos provenientes de
esos aumentos, que se destinen como contrapartida de proyectos conjuntos con
sus gobiernos estatales.
A
corto plazo, tendrían que reunirse los secretarios de planeación y finanzas de
los estados, así como los secretarios de salud y de desarrollo económico. Los
primeros para discutir los términos del instrumento de financiamiento y los
otros para deliberar y acordar planes básicos de atención a la salud y de
recuperación económica y defensa del empleo.
Los
gobernadores mismos deberían dar el “kick off” a una iniciativa de este tipo en
el seno de una reunión plenaria de la CONAGO, conservando, eso sí, Susana Distancia.
