miércoles, 8 de junio de 2022

De las ideas a la instrumentación: la necesidad de una visión de largo plazo. El caso del puerto de Salina Cruz.

 

 

¿Por qué una buena idea como el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec se vuelve un mal proyecto? Una razón fundamental es la prisa, asociada estrechamente a la ausencia de una visión institucionalizada del desarrollo a largo plazo del país y los pasos que la sociedad mexicana debe dar en sus distintos ámbitos para concretarla.

 

Cuando el presidente López Obrador afirma que sus proyectos emblemáticos (refinería de Dos Bocas, tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía, corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec) habrán de concluirse durante su administración, lo hace con la convicción de que así debe ser para evitar, o por lo menos dificultar, que un nuevo gobierno federal a partir de octubre de 2024 pudiera decidir dar marcha atrás en alguno de ellos.

 

La actuación misma de López Obrador es muestra de lo que podría pasar con sus proyectos transexenales:  canceló el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco y dio luz verde a la continuación del tren interurbano entre la CDMX y Toluca.

 

El hecho de que un proyecto de inversión de gran envergadura pierda validez simplemente con el paso de una administración federal a otra es producto de su falta de asideros más amplios y profundos en el andamiaje institucional del país y de acuerdos explícitos entre los grupos de poder.

 

Una manera de construir estos asideros consiste en la creación de los mecanismos institucionales, con participación amplia y permanente de los actores sociales (tres órdenes de gobierno, tres poderes; organizaciones civiles, universidades y centros de investigación; organismos gremiales, empresariales y sindicales), para deliberar y decidir sobre nuestro futuro de más largo plazo y qué debemos hacer hoy y mañana para avanzar en esa dirección. En una visión consensuada de este tipo sería posible identificar y jerarquizar los proyectos estratégicos y prioritarios que el país debería emprender, con la participación público-privada-social acordada que corresponda.[1]

 

Pero mientras se construye este andamiaje institucional, sería deseable, por lo menos, generar una práctica ordenada de deliberación pública, abierta a todos los interesados, con información técnica oportuna y suficiente, que lleve a la discusión sistemática de las ventajas y desventajas de los grandes proyectos de inversión que se propongan para el país, y su aceptación o rechazo con criterios y argumentos claros en un plazo perentorio.[2]

 

En adición a lo anterior, cuando el proyecto ya está en ejecución, surge el imperativo político de concluirlo a la brevedad posible. Este es claramente el caso de los proyectos insignia de esta administración. Se ensayó recientemente incluso -aunque sin éxito- una especie de proceso fast track con la publicación de un decreto que los exentaba de cumplir con requisitos administrativos, económicos y ambientales.

 

En el caso específico de las obras portuarias contempladas para Salina Cruz dentro del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el criterio rector de la “prontitud” ha llevado a tomar decisiones equivocadas que tendrán efectos negativos en el futuro, si no se corrigen ahora. Al análisis de ello dedicaré el resto de esta nota.

 

El desarrollo del corredor se planteó en dos vertientes principales: una de desarrollo regional y otra de construcción de la infraestructura logística. Con la primera se busca atraer el establecimiento de industrias a lo largo de la franja territorial del Istmo de Tehuantepec. El gobierno federal, a través de la oficina creada ex profeso para el proyecto, la Coordinación General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ha adquirido ya los terrenos para el desarrollo de diez parques industriales. El objetivo último es generar empleos de calidad y remunerativos para los pobladores locales, para beneficiar una zona más amplia en la región Sur Sureste, e incluso para brindar oportunidades de arraigo a la población migrante, del sur de México y Centroamérica, que cruza necesariamente por ahí (ser una “cortina de desarrollo” en el lenguaje oficial del gobierno). El análisis más detallado de esta vertiente ameritará una nota posterior.

 

Por su parte, la infraestructura logística comprende tres componentes principales: la ampliación y modernización de la infraestructura portuaria en Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el mejoramiento de la vía férrea que conecta ambos puertos, incluyendo la compra de locomotoras y vagones para prestar el servicio de transporte de carga correspondiente. Si bien se espera que la inversión inicial en esta infraestructura encuentre su justificación de largo plazo en el movimiento de carga que generarán las industrias que se establezcan en el corredor, el motivo rector inicial es ofrecer una ruta alternativa complementaria a las rutas ya existentes que movilizan carga entre los países asiáticos y la costa este de Estados Unidos (el Canal de Panamá ampliado y el puente terrestre entre los puertos de Los Angeles y Long Beach con las principales ciudades del medio este y este de Estados Unidos).

 

La lógica comercial del proyecto hace sentido, sobre todo a partir de la pandemia y el congestionamiento que se ha vivido en los puertos marítimos de entrada a Estados Unidos. Un contenedor que salga de Shanghai con rumbo al sureste de Estados Unidos podría bajarse del barco en Salina Cruz, atravesar el Istmo de Tehuantepec en ferrocarril hasta Coatzacoalcos, y subirse a otro barco que lo lleve a su destino final (a través de puertos como Houston, Nueva Orleans, Mobile o Tampa), en menor tiempo que si llegara a Los Ángeles/Long Beach o cruzara el Canal de Panamá. Lo mismo ocurriría con carga contenerizada que saliera de los puertos estadounidenses del Golfo de México con destino a países asiáticos: se bajaría de un barco de escala pequeña o media (mil a 4 mil TEUs) en Coatzacoalcos, atravesaría el Istmo de Tehuantepec en ferrocarril hasta Salina Cruz, y ahí se subiría a un buque portacontenedores de mayor tamaño para la ruta transpacífica (más de 14 mil TEUs).

 

Solamente con el ahorro en la espera de varios días que seguirán teniendo los buques portacontenedores antes de entrar a puerto en Estados Unidos o de que llegue su turno para cruzar el Canal de Panamá, se compensaría con creces el costo logístico adicional que representa el movimiento intermodal en el Istmo de Tehuantepec. Hoy un buque portacontenedores con capacidad para 8 mil TEUs[3] registra una tarifa de fletamento de más de 100 mil dólares diarios, en contratos de 6 a 12 meses. Esto añade 25 dólares diarios al costo de un contenedor de 40 pies por cada día de espera que tenga el barco (si el barco va lleno).

 

El tamaño de barco que debiera esperarse del lado del Pacífico, en Salina Cruz, estaría por arriba de los 14 mil TEUs, ya que esos son los que no caben en el Canal de Panamá ampliado, y tendrían por tanto una alternativa a las terminales marítimas de mayor capacidad en los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Son pocos los puertos en el Continente Americano que pueden recibir barcos de ese tamaño, por lo que Salina Cruz podría insertarse en ese nicho de mercado.

 

El volumen de carga que podría manejarse en esta ruta alternativa entre Asia y el Golfo de México estadounidense se estima hoy en el orden de un millón a un millón y medio de TEUs anuales (500-750 mil TEUs en cada sentido), y está creciendo todos los días.

 

Pero existe otro segmento relevante de mercado que podría ser atraído a Salina Cruz: la carga de transbordo que hoy arriba a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y que a diciembre de 2021 significó del orden de 1.5 millones de TEUs al año. Transferir esta carga a Salina Cruz, aunque sea en parte, aliviaría la saturación que experimenta Manzanillo. Al ser carga que tiene en su mayor parte origen/destino en Centroamérica, Salina Cruz sería un puerto de transbordo con una ubicación adecuada, y contaría con un flujo adicional de carga (que no entra al país) para dar sustento a las inversiones público-privadas que este tipo de proyectos portuarios requiere[4].

 

Y, finalmente, habría un tercer segmento de mercado que irá creciendo con el tiempo, y que incluye la carga de comercio exterior de las entidades federativas que comprenden la Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, el sur de Veracruz y Puebla, y una parte de Guerrero. En ese segmento se ubicaría la carga generada por las industrias que se instalen en el corredor del Istmo.

 

Todas estas necesidades podrían atenderse sin problema si el proyecto del CIIT de nuevas instalaciones portuarias se ubicara en el sitio destinado para el puerto industrial de Salina Cruz desde la década de los ochentas en el siglo pasado, y que seguía vigente hasta finales de 2018.

 


                               Figura 1.- El sistema portuario de Salina Cruz en 2018

 

Al inicio de esta administración federal, se consideraba que el sistema portuario de Salina Cruz estaba constituido por tres componentes claramente diferenciados: (i) el puerto comercial actual que comprende una terminal de usos múltiples, un antepuerto donde está la Secretaría de Marina, e instalaciones que PEMEX desarrolló y utiliza, con base en un contrato de cesión parcial de derechos otorgado por la administración portuaria (la API de Salina Cruz); (ii) una terminal petrolera que PEMEX comenzó a construir a finales de la década de los setentas (cuando se construyó también la refinería de Salina Cruz), y que quedó inconclusa por las dificultades económicas que enfrentó el país al inicio de la década de los ochentas; y (iii) el proyecto -como concepto- del puerto industrial a lo largo de las dos bahías contiguas al noreste de Salina Cruz.

 


         Figura 2.- Componentes del sistema portuario de Salina Cruz al inicio de 2019

 

Cada componente del sistema portuario de Salina Cruz tenía un propósito claro. El puerto comercial actual debía mejorarse en varios aspectos para que pudiera funcionar como un eficiente puerto feeder de Lázaro Cárdenas para enlazar con las rutas transpacíficas a países asiáticos y de conexión con California y Centroamérica. Las obras principales consistían en la ampliación de la terminal de usos múltiples (hasta 30 hectáreas, incluyendo las 3 bodegas actuales), el alargamiento y profundización del muelle (575 metros lineales para dos posiciones de atraque y 14 metros de profundidad al costado del muelle), la profundización del canal de navegación y la dársena de ciaboga (a 16 metros), y el ensanchamiento de la entrada al puerto. En la figura 3 siguiente se señalan estos trabajos. Cabe señalar que con estas mejoras el puerto podría atender la demanda de servicios de la región y del corredor a corto y mediano plazos, con lo cual daría tiempo suficiente para la preparación y ejecución de una primera etapa del proyecto de ampliación del puerto hacia la Bahía de Salinas del Marqués.

 


          Figura 3.- Proyecto de mejoramiento del puerto comercial actual de Salina Cruz

 

El proyecto de puerto industrial iniciaría con una primera etapa para desarrollar una nueva zona comercial, con terminales marítimas del tamaño suficiente para atender las demandas previsibles de la ruta Asia-Estados Unidos, así como el movimiento de transbordo. En una primera estimación, se requerirían del orden de 2 mil a 2 mil doscientos metros de muelles -y unas 200 hectáreas de patio de maniobras- para dar servicio a los buques portacontenedores de mayor tamaño (18-20 mil TEUs, con 500 metros lineales para una posición de atraque) de la ruta Asia-Estados Unidos, a buques grandes con carga de transbordo que pudieran o no escalar también en Lázaro Cárdenas (14 mil TEUs, con 900-1000 metros de muelle para dos posiciones de atraque), y a los buques feeder que realicen las rutas norte-sur de distribución y concentración de la carga de transbordo (2 a 4 mil TEUs, con 600 a 700 metros de muelle para dos posiciones de atraque).

 

En etapas posteriores, la zona comercial del nuevo puerto podría crecer para recibir otro tipo de cargas y, cuando se requiera, ampliar su capacidad para el manejo de contenedores. La zona industrial del puerto se destinaría para instalaciones industriales que requieran movilizar grandes volúmenes de carga por vía marítima (industria siderúrgica, cementera, planta de electrólisis para la producción de hidrógeno verde de exportación, etc.). El crecimiento del nuevo puerto se daría gradualmente en un horizonte de largo plazo, con la planeación adecuada para asegurar el suministro paralelo de los servicios necesarios y de la conectividad terrestre suficiente. El ferrocarril podría librar sin problema la zona urbana de Salina Cruz, y tener los espacios suficientes para el armado rápido de los trenes unitarios a Coatzacoalcos, así como para la recepción y trasvase de las cajas que llegaran en los trenes unitarios de ese puerto.

 

En resumen, el nuevo puerto industrial de Salina Cruz tendría espacios amplios para atender las demandas previsibles de los distintos segmentos de mercado que se han mencionado en los buques de mayor tamaño que cubren las rutas transpacíficas, y en las embarcaciones de escala media y pequeña que atienda rutas de corta distancia y cabotaje, así como para desarrollar terminales marítimas para otro tipo de cargas y alojar instalaciones industriales de gran dimensión.

 

Pues bien, nada de esto será posible en el sitio que ha seleccionado el CIIT para tratar de atender sólo una de las necesidades del proyecto (el flujo de carga Asia-Estados Unidos) y lograr que su construcción concluya antes de que termine el sexenio[5]. Como se verá enseguida, el proyecto ideado por el CIIT es completamente insuficiente para lo que se requiere, se mete con calzador en un espacio portuario planeado para otro propósito, impidiendo una conexión eficiente con el ferrocarril, sobrecargando el trazo actual que atraviesa la ciudad de Salina Cruz[6], y generando altos riesgos de maniobrabilidad que podrían resultar en colisiones entre grandes buques portacontenedores y buques petroleros VLCC (very large crude carrier), con capacidad para dos millones de barriles de crudo. Veamos uno por uno estos efectos negativos del proyecto del CIIT.

 

Tamaño reducido del proyecto.- El planteamiento final del proyecto parece que es aún más pequeño que lo diseñado en 2019. La nueva terminal marítima de contenedores que se pretende construir dentro de la terminal petrolera de PEMEX (que no es un puerto nuevo, como ha declarado recientemente el coordinador general del CIIT) sería de entre 45 y 30 hectáreas de patio de maniobras y de entre 600 y 900 metros lineales de muelle. Véase la figura 4 que muestra la ubicación del proyecto.

 


                Terminal de contenedores dentro de la terminal petrolera de PEMEX

 

La dimensión de la terminal de contenedores es claramente insuficiente frente a la estimación antes presentada de los diferentes flujos de carga que se podrían atender. No tiene espacio para crecimiento futuro y está ahogada en cuanto a su conectividad terrestre.[7] La suposición de que se está considerando su achicamiento está basada en una presentación reciente que hizo el director general de la API de Salina Cruz sobre el proyecto. En la figura 5 se muestra una terminal de contenedores de menor tamaño.

 


                  Redimensionamiento del nuevo proyecto de terminal de contenedores

 

Para calzar esta terminal dentro de la terminal petrolera, fue necesario modificar el proyecto original de PEMEX, que fue ajustado en 2011. En la figura 6 se muestra la disposición de los muelles conforme al proyecto de PEMEX.

 


     Proyecto original de la terminal petrolera de PEMEX (actualizado en 2011)

 

La terminal de PEMEX se concibió para la distribución a la costa del Pacífico del país de los combustibles producidos en la refinería de Salina Cruz, así como para el embarque de crudo de exportación a países asiáticos. Esta operación se viene realizando hasta la fecha mediante tres monoboyas instaladas costa afuera.[8] También se utiliza el muelle 9 en espigón como amarradero, por la falta de protección que genera el tramo faltante del rompeolas oeste. La disposición de los muelles en espigón y el espaciamiento entre ellos tiene que ver fundamentalmente con los fuertes vientos predominantes en la zona.[9] Las maniobras de atraque y desatraque de los grandes buques petroleros y de combustibles, con ayuda de remolcadores y los pilotos de puerto, tienen un alto grado de dificultad por el manejo de los vientos. Por ello se requiere de espacio suficiente para realizar las maniobras con mayor seguridad.

 

Conexión ineficiente con el ferrocarril y cruce intensivo de la ciudad de Salina Cruz.- Si se llega a construir la terminal de contenedores en la ubicación planteada por el CIIT, la conexión con el ferrocarril será permanentemente ineficiente por la falta de espacio en la terminal para el manejo de los trenes unitarios, y el uso inevitable del trazo tradicional que cruza la ciudad de Salina Cruz. Véase figura 7.

 


                          Conexión de la terminal de contenedores con el ferrocarril

 

Riesgo por la maniobrabilidad dentro de la terminal petrolera.- Si los argumentos presentados hasta ahora no fueran suficientes para desechar el proyecto de terminal de contenedores del CIIT (que a mi juicio sí lo son), habría que añadir el alto riesgo que representa el movimiento de embarcaciones de gran tamaño en la configuración de muelles que resultó para acomodar una terminal de contenedores dentro del mismo espacio.

 

La nueva terminal de contenedores ocuparía 45 hectáreas (500 metros de ancho por 900 de largo), pegada al rompeolas oriente. En el plano, habría 315 metros de distancia entre el muelle de la terminal de contenedores y el costado oriente del muelle en espigón para buques petroleros VLCC. Considerando que la manga estándar para este tipo de barcos es de 59 metros en el caso del portacontenedores y de 60 metros para el buque tanque petrolero, habría un espacio intermedio de 196 metros de ancho para realizar las maniobras de atraque y desatraque[10]. En la figura 8 se puede apreciar esta situación.

 


               Espacio para maniobras entre los muelles petrolero y de contenedores

 

A reserva de la mejor opinión de los pilotos de puerto, las maniobras en esta zona parecen muy comprometidas, sobre todo tomando en cuenta el factor de riesgo que le añaden los fuertes vientos.

 

Con todos estos elementos en contra, es muy probable que no haya operadores de terminales de clase mundial interesados en invertir en el equipamiento[11] de este proyecto, y en hacerse cargo de su operación con base en un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones.

 

En contraste, cabe mencionar el proyecto portuario que un consorcio de empresas chinas (en el que participa COSCO, la línea naviera china que ocupa el cuarto lugar entre las más grandes del mundo), localizado a 67 kilómetros al norte de Lima, Perú, en el sitio denominado Chancay.

 


                                             Terminal portuario de Chancay, Perú

 

Se trata de una inversión de 3 mil millones de dólares en varias etapas, que incluye rompeolas, muelles, un túnel de 1.8 kilómetros para cruzar el centro de población adyacente por abajo, y una zona de actividades logística que funcionará también como punto de acceso a la zona portuaria. Ocupa 992 hectáreas, de las cuales 141 son terminales marítimas, con 15 muelles (11 de contenedores y 4 para carga de granel y fluidos), que habrá de movilizar del orden de 2.5 millones de TEUs y más de 6 millones de otros tipos de carga.

 

El propósito principal de este proyecto es servir de base portuaria de transbordo para las rutas marítimas entre Asia y Sudamérica (papel similar al que desempeñan Manzanillo y Lázaro Cárdenas con respecto a Centroamérica).

 

¿Seremos capaces de hacer en Salina Cruz un proyecto portuario a la altura de las necesidades de largo plazo del desarrollo del país, y particularmente de nuestro región Sur Sureste?

 



[1] Un elemento central de estos mecanismos institucionales sería un Sistema Nacional de Inversión Pública con autonomía de gestión y capacidad técnica, encargado de la generación de metodologías, estudios y proyectos para dar sustento a la toma de decisiones de inversión de las distintas oficinas de la Administración Pública, en los tres órdenes de gobierno, y con respecto a los proyecto de participación privada y social.

[2] Hay prácticas internacionales que pueden ser una referencia útil. En Francia, por ejemplo, la Comisión Nacional de Debate Público acaba de cumplir 25 años. Véase https://www.debatpublic.fr/ .

[3] TEU = Twenty-foot equivalent unit. Se refiere a una caja de 20 pies.

[4] Si bien a largo plazo, la inversión pública que se destine a este proyecto se recuperará a través de las tarifas de uso de infraestructura que le cobre el administrador portuaria a las embarcaciones que arriben, así como mediante las contraprestaciones que se fijen a los operadores de terminales que obtengan la cesión parcial de derechos correspondiente.

[5] La prisa ha sido el criterio rector. El CIIT estimó que hacer el proyecto como una primera etapa del nuevo puerto industrial llevaría más tiempo, por la necesidad de negociar y acordar la reubicación de algunas áreas con actividad económica precaria, y que probablemente este factor impediría concluir con las obras que se fueran a construir.

[6] Que en el mejor de los casos podría estar registrando del orden de 24 cruces al día (12 en cada sentido) de trenes unitarios con 100 vagones cada uno, que partirían materialmente la ciudad en dos.

[7] Como terminal petrolera, que mueve fluidos que llegan por ducto, no requiere de una conectividad terrestre superficial especial.

[8] Aunque cabe destacar que, en los últimos años, ante los problemas de producción de combustibles en el sistema nacional de refinación, el consumo de estos productos en la franja litoral del Pacífico se ha atendido con importaciones que provienen del Golfo de México, en embarcaciones que tienen que dar la vuelta por el Canal de Panamá. Estas son las importaciones más caras de combustibles que hace el país.

[9] La cuenca sur del Istmo de Tehuantepec es la zona de los vientos más intensos y prolongados del país. No en balde es la de mayor potencial de generación de energía eólica.

[10] La maniobra más complicada sería la entrada o salida de un portacontenedores a la posición de atraque “trasera”, cuando hay un buque atracado en el muelle “delantero”, y un buque tanque petrolero en el costado oriente del muelle en espigón.

[11] Estamos hablando de por lo menos 5 grúas de pórtico de última generación, más las grúas de patio y demás equipamiento para un manejo eficiente de una terminal que siempre estará contra reloj.

jueves, 20 de enero de 2022

Propuesta para reducir la desigualdad territorial en México

 

En esta nota se propone una idea esquemática para constituir un mecanismo que promueva un crecimiento más acelerado de las entidades federativas que presentan mayor rezago relativo frente al promedio del país, medido como producto interno bruto por habitante (PIB per cápita).

 

Tomando como comparación la experiencia de la Unión Europea (UE) y los resultados de los últimos 10 años (2010-2020) de los fondos estructurales y de cohesión que se han canalizado a los países miembros de la UE de menor desarrollo relativo, se hace un ejercicio de lo que podría significar, en cuanto a inversión productiva adicional, para los estados más rezagados del país, el contar con un “fondo de cohesión” al estilo europeo, integrado por tres fuentes de financiamiento:

 

·       Un impuesto ad valorem sobre todos los bienes importados al país, del uno porciento.

·       Un punto porcentual adicional al impuesto al valor agregado federal.

·       Un impuesto al carbono sobre los combustibles vendidos en México para autotransportes, equivalente a un peso por litro de gasolina y diesel. [1]

 

También se bosquejan algunos trazos sobre el fondo mismo[2], que se podría constituir como fideicomiso en la banca de desarrollo, diseñando escrupulosamente su estructura de organización; sus instancias de evaluación, deliberación y decisión; y sus reglas de operación (incluyendo formas de acceder a los recursos y sus modalidades de asignación, temas financiables y criterios para jerarquizar proyectos; distribución previa de la bolsa global de recursos entre las entidades federativas participantes; entre otros). Su énfasis estaría en ampliar la generación de riqueza material, buscando que los recursos sean concursables, dirigidos a los actores locales interesados en invertir[3], que no tengan costo, pero que sean recuperables en el mayor grado posible, a fin de que el fondo de cohesión pueda crecer en su patrimonio, no sólo por la asignación anual de recursos, sino también por la recuperación sistemática proveniente de los proyectos exitosos que apoye.

 

El presidente López Obrador se ha referido a la posibilidad de impulsar una integración regional con Estados Unidos y Canadá similar a la que existe en la Unión Europea. Esta misma idea se manejó al inicio del sexenio del presidente Fox, y se empezaba a cabildear con intensidad creciente en Estados Unidos, con propuestas muy estructuradas[4], cuando el trágico evento del 11 de septiembre de 2001 modificó drásticamente las prioridades políticas y económicas de ese país. El contexto internacional actual es complicado, pero parece haber una firme voluntad del gobierno de Estados Unidos por atender el fenómeno de la migración con acciones que vayan a la raíz del problema: la falta de crecimiento económico y de oportunidades de empleo remunerativo en Centroamérica y en México, particularmente en el Sur Sureste. Y una forma de abordar ese problema, que ha funcionado en el contexto europeo, consiste en la canalización sistemática de recursos a proyectos que promuevan el desarrollo regional.

 

De la experiencia 2010-2020 de la Unión Europea en el manejo de fondos estructurales y de cohesión hacia los países miembros de reciente incorporación (2004 y 2007)[5], se puede concluir que el impacto sobre los países más rezagados con respecto al promedio de la UE ha sido favorable, en la medida en que han reducido la brecha que los separa del resto de los países miembros. La inversión adicional proveniente de estos fondos ha generado además un efecto multiplicador, de mayor o menor proporción, de acuerdo con la pertinencia de los proyectos apoyados. Además, en muchos casos, los proyectos apoyados por la UE han tenido recursos de contrapartida de los gobiernos de cada país, así como de inversión privada.

 

En el mismo periodo de 2010-2020, la experiencia de las entidades federativas, en ausencia de un mecanismo similar al de la UE, ha sido diametralmente opuesta. Las entidades más rezagadas[6], no sólo no han reducido la brecha -en términos de PIB per cápita- con respecto al promedio nacional, sino que la han aumentado. Y nada indica que esta tendencia vaya a modificarse en el futuro.

 

Ahora mismo, cuando se ha abierto una ventana histórica para atraer inversión extranjera localizada en Asia hacia Norteamérica, debido a la política de Estados Unidos para reducir el riesgo en cadenas de valor vulnerables, mediante el proceso conocido como “nearshoring” o de suministro cercano, las entidades federativas que están aprovechando mejor la oportunidad, igual que al principio del TLCAN desde 1994, son las de la frontera norte y el Bajío-centro-occidente.

 

Si el combate a la desigualdad territorial del país -que el gobierno federal actual ha expresado como prioridad hacia el Sur Sureste- ha de rendir frutos, es necesario generar mecanismos robustos con perspectiva de largo plazo que apoyen sistemáticamente el desarrollo de un amplio número de proyectos cada año, surgidos desde abajo, desde lo local, a fin de complementar y dar continuidad a los esfuerzos de inversión federal que hoy se concentran en unos cuantos proyectos.

 

El Fondo Mexicano de Cohesión (FOMEC) podría impulsar, como nunca antes, a las regiones rezagadas del país en un proceso intensivo de “catching up”[7], generando nuevos motores de crecimiento interno[8] a fin de no depender exclusivamente del sector externo, y prepara el terreno para la posibilidad futura de una integración norteamericana, que tome y adapte los mejores instrumentos de desarrollo regional que ha forjado la Unión Europea en los últimos 30 años.

 

El Fondo podría, además, servir como acicate para que los gobiernos estatales y municipales desarrollen fuentes complementarias de ingresos. Una, por ejemplo, con gran potencial, es el impuesto predial, a partir de un esfuerzo colaborativo entre municipios, con apoyo de sus gobiernos estatales, para generar un sistema catastral moderno que se vaya desarrollando por etapas.[9]

 

Experiencia de la Unión Europea

 

En su última fase, a partir del Tratado de Maastricht (1992) y la creación de la Unión Europea, el proceso de integración económica y política del continente ha buscado como propósito central fortalecer la cohesión entre los países miembros, mediante la reducción de la brecha de desarrollo entre ellos. Desde etapas tempranas, la UE definió un esquema de financiamiento que toma recursos de varias fuentes[10], y los canaliza a diversos usos, entre ellos a los fondos estructurales y de cohesión (que significan alrededor del 30% del presupuesto total de la UE), y que financian programas y proyectos alineados con las prioridades de desarrollo de la UE. Los países miembros se clasificaron en tres grupos, de acuerdo con su nivel de PIB per cápita respecto al promedio de la UE: países rezagados cuando su PIB per cápita es menor al 75% del promedio comunitario; países en transición cuando este indicador se ubica entre 75% y menos del 100%; y más desarrollados cuando el indicador es mayor al 100%. La asignación de recursos, como proporción al PIB de cada país miembro, es mayor para los que están más rezagados, y va disminuyendo conforme el país se acerca al promedio.

 

En 2020, de los 26 países miembros de la UE, 13 registraron un PIB per cápita menor al 75% del promedio comunitario, 2 se ubicaron entre el 75% y el 100%, mientras que 11 tuvieron un indicador superior al 100%. Del grupo de países rezagados, todos menos Grecia y Portugal son de incorporación reciente (2004 y 2007). Croacia fue el último país en unirse en 2013.

Países miembros de la Unión Europea

% del PIB per cápita promedio de la Unión Europea

Dif 2020-2010 en puntos porcentuales

2010

2020

Bulgaria

21.5%

26.0%

4%

Rumania

26.1%

34.9%

9%

Croacia

39.9%

41.0%

1%

Hungría

38.7%

46.2%

8%

Polonia

37.2%

47.1%

10%

Letonia

37.3%

50.0%

13%

Lituania

38.0%

55.0%

17%

República Eslovaca

49.5%

55.7%

6%

Grecia

73.9%

56.3%

-18%

República Checa

56.6%

61.2%

5%

Estonia

50.0%

63.7%

14%

Portugal

67.4%

64.2%

-3%

Eslovenia

70.6%

73.9%

3%

España

88.0%

80.4%

-8%

Italia

109.8%

94.5%

-15%

Unión Europea

100%

100.0%

0%

Francia

122.1%

115.4%

-7%

Bélgica

136.2%

128.9%

-7%

Alemania

129.3%

133.1%

4%

Reino Unido

144.8%

134.9%

-10%

Austria

148.4%

140.7%

-8%

Finlandia

149.2%

144.4%

-5%

Países Bajos

152.0%

149.5%

-3%

Suecia

165.7%

166.5%

1%

Dinamarca

175.3%

181.3%

6%

Irlanda

157.3%

253.4%

96%

Luxemburgo

338.7%

326.5%

-12%

FUENTE: Elaboración propia con base en Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 2021.

 

Entre 2010 y 2020, los países más rezagados, salvo Grecia y Portugal, avanzaron en el porcentaje que representa su PIB per cápita con respecto al promedio de la UE. El mayor avance lo tuvieron Lituania (+17%), Estonia (+14%), Letonia (+13%) y Polonia (+10%). Otro grupo de crecimiento intermedio estuvo integrado por Rumania (+9%), Hungría (+8%), República Eslovaca (+6%) y República Checa (+5%). Eslovenia (+3%) y Croacia (+1%) fueron los países que incrementaron su PIB per cápita en menor proporción. Sólo Grecia (-18%) y Portugal (-3%) tuvieron una reducción en su porcentaje respecto a la media europea.

 

En el rango de países en transición (entre 75% y menos de 100% del PIB per cápita de la UE), se ubicaron España (con decrecimiento del 8%) e Italia (con una disminución de 15%). En el grupo de 11 países más desarrollados (PIB per cápita mayor al 100% del promedio comunitario), 7 tuvieron reducción en el periodo 2010-2020.

 

Es notorio el contraste entre Grecia e Irlanda, dos países que ingresaron hace más de 40 años a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Ambos tenían prácticamente el mismo PIB per cápita como proporción del promedio de la CEE en 1986 (Grecia el 59.2%, Irlanda el 60.8%), y aunque los dos recibieron montos muy importantes de fondos estructurales en los primeros años, y Grecia los continuó obteniendo en años más recientes, para el 2020, Irlanda había más que cuadruplicado su PIB per cápita respecto a la media comunitaria, mientras que Grecia lo había reducido en 3 puntos porcentuales.[11]

 

Este ejemplo lleva a pensar que los fondos estructurales son condición necesaria, pero no suficiente, para que los países (y las regiones), converjan a un nivel de bienestar mayor similar. Elementos relevantes que también inciden en el resultado final son: contar con una gobernanza multinivel funcional, una buena selección y ejecución de proyectos, una participación comunitaria proactiva, entre otros.[12]

 

Con base en un análisis del impacto de la política de cohesión de la Unión Europea, efectuado en 2007[13], que revisó dos presupuestos comunitarios (2000-2006 y 2007-2013) y proyectó un tercero (2014-2020), se construyó una serie estadística que compara el monto de fondos estructurales y de cohesión recibidos por un grupo de países en términos de porcentaje sobre sus respectivos PIBs, con el impacto estimado que tuvieron en términos de puntos porcentuales adicionales de crecimiento en su PIB. Tomando a 9 de los 13 países más rezagados en 2020, y aplicando este análisis para el periodo 2010-2020, el resultado en términos de porcentaje promedio anual se presenta en el cuadro siguiente.

Fondos Estructurales y de Cohesión en la Unión Europea, 2010-2020

 

Países miembros de la Unión Europea

% PIB per cápita promedio 2020 de la Unión Europea

Fondos estructurales y de cohesión recibidos como % del PIB anual (2010 a 2020)

Incremento en el PIB anual promedio inducido por fondos estructurales y de cohesión recibidos

Multiplicador de la inversión

 

Bulgaria

26.0%

3.53%

4.40%

1.25

Hungría

46.2%

2.42%

4.21%

1.74

Polonia

47.1%

2.52%

4.46%

1.77

Letonia (Latvia)

50.0%

2.85%

6.64%

2.33

Lituania

55.0%

2.31%

6.51%

2.82

República Eslovaca

55.7%

2.21%

4.63%

2.09

República Checa

61.2%

1.95%

6.59%

3.39

Estonia

63.7%

2.13%

6.61%

3.11

Eslovenia

73.9%

1.14%

1.72%

1.51

FUENTES: Elaboración propia con base en datos de Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 2021; y el estudio Analysis of the Impact of Cohesion Policy, John Bradley, et al, 2007.

 

Cabe destacar que el país que más recursos recibió en este periodo de 2010 a 2020 fue Bulgaria, por un total equivalente a 3.53% de su PIB cada año en promedio. Sin embargo, el país que tuvo el mayor impacto en términos de puntos adicionales de crecimiento de su PIB fue Letonia, con un 6.64% en promedio anual, aunque recibió menos recursos que Bulgaria. El factor clave consiste en el multiplicador de la inversión, que se explica en gran medida por los elementos relevantes señalados anteriormente.

 

La experiencia de la Unión Europea con sus fondos estructurales y de cohesión ha demostrado que tienen cuatro efectos principales:

 

·       Incrementar el ingreso que se puede gastar en bienes y servicios en cada país

·       Incrementar el potencial productivo con proyectos de PYMES, desarrollo de capacidades (educación, capacitación, innovación), e infraestructura (digital y física)

·       Orientar los recursos hacia prioridades de inversión de largo plazo

·       Multiplicar la inversión por el efecto de atracción de recursos públicos de contrapartida en cada país, así como la participación de la inversión privada.[14]

 

Situación en México

 

En 2020, de las 32 entidades federativas que integran el país, 12 se ubicaban en el grupo de más rezagados (menos del 75% del PIB per cápita promedio nacional), 8 pertenecían al grupo de entidades en transición (entre 75% y menos del 100% del PIB per cápita nacional), y las restantes 12 estaban en el grupo de entidades más desarrolladas (PIB per cápita mayor al 100% del promedio del país)[15].

 

En el periodo 2010-2020, a diferencia de la experiencia europea, todas las entidades federativas más rezagadas, menos dos (Michoacán y estado de México), tuvieron una disminución en su PIB per cápita con respecto al promedio nacional. Chiapas, Tlaxcala y Zacatecas tuvieron una reducción en este indicador de nueve puntos porcentuales. Cinco de las nueve entidades federativas que integran el Sur Sureste se encuentran en este grupo: Chiapas (con 36% del PIB per cápita promedio nacional), Oaxaca (con 47%), Guerrero (50%), Puebla (65%) y Veracruz (71%).

 

En el grupo de 8 entidades federativas en transición, cuatro registraron la disminución de su PIB per cápita como proporción de la media del país durante el periodo 2010-2020: Tabasco (-10%), Durango (-3%), Campeche (-51%) y Quintana Roo (-28%). Nótese que tres de ellas -con decrecimientos significativos- son parte de la región Sur Sureste[16]. El único estado de esta región -y dentro de este grupo en transición- que creció, aunque en una proporción muy pequeña (0.2%), fue Yucatán.

 

En el grupo de 12 entidades federativas más desarrolladas, cinco registraron una disminución de su PIB per cápita respecto al promedio nacional: Tamaulipas (-5%), Baja California Sur (-23%), Querétaro (-7%), Coahuila (-12%), y Nuevo León (-9%). Pertenecen a este grupo los 6 estados fronterizos del norte, la ciudad de México, Jalisco, Colima, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur.

Entidades Federativas, sin minería petrolera

2010

2020

Dif 2020-2010 en puntos porcentuales

% del PIB per cápita promedio nacional

Chiapas

44%

36%

-9%

Oaxaca

50%

47%

-4%

Guerrero

53%

50%

-3%

Tlaxcala

64%

55%

-9%

Hidalgo

65%

64%

-1%

Puebla

68%

65%

-3%

Michoacán de Ocampo

64%

67%

4%

Nayarit

76%

70%

-6%

México

68%

71%

3%

Veracruz de Ignacio de la Llave

74%

71%

-3%

Zacatecas

82%

73%

-9%

Morelos

83%

73%

-9%

Tabasco

88%

78%

-10%

Durango

87%

84%

-3%

Yucatán

84%

85%

0.2%

Campeche

136%

85%

-51%

Guanajuato

79%

86%

6%

Quintana Roo

124%

96%

-28%

San Luis Potosí

88%

97%

10%

Sinaloa

95%

99%

4%

Estados Unidos Mexicanos

100%

100%

0%

Tamaulipas

111%

106%

-5%

Jalisco

106%

109%

3%

Colima

106%

112%

6%

Aguascalientes

108%

116%

8%

Chihuahua

103%

116%

13%

Baja California

114%

119%

5%

Baja California Sur

146%

123%

-23%

Querétaro

132%

125%

-7%

Coahuila de Zaragoza

149%

137%

-12%

Sonora

136%

151%

14%

Nuevo León

184%

175%

-9%

Ciudad de México

233%

250%

17%

FUENTE: Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI.

 

Las entidades federativas más desarrolladas son también, en general, las de mayor industrialización, en términos de PIB manufacturero per cápita: los seis estados fronterizos (por el efecto evidente de su cercanía con Estados Unidos), Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. No es el caso de la ciudad de México porque proporcionalmente la actividad económica se concentra en los servicios. Tampoco está Colima, cuya economía gira en torno al puerto de Manzanillo y las actividades comerciales, logísticas y de transporte. Y Baja California Sur, con actividad turística importante y poca población, tampoco tiene una industria manufacturera relevante.

 

Lo mismo aplica para las entidades federativas más rezagadas: 10 de las 12 también son las de menor industrialización. Sólo Tlaxcala y Puebla se ubicaron en el rango de estados en transición por su PIB manufacturero per cápita.

 

Incluso en el grupo de estados considerados en transición, 4 de los 8 se ubican entre las entidades federativas de menor desarrollo industrial: Quintana Roo, Campeche, Sinaloa y Yucatán.

Entidades Federativas

2010

2020

Dif 2020-2010 en puntos porcentuales

% del PIB manufacturero per cápita promedio nacional

Guerrero

7%

8%

1%

Quintana Roo

15%

12%

-4%

Campeche

12%

13%

0.4%

Baja California Sur

13%

13%

-0.1%

Chiapas

17%

16%

-1%

Nayarit

22%

23%

1%

Oaxaca

25%

26%

1%

Colima

24%

26%

2%

Michoacán de Ocampo

33%

40%

6%

Zacatecas

48%

48%

1%

Sinaloa

45%

51%

6%

Veracruz de Ignacio de la Llave

63%

65%

3%

Morelos

71%

67%

-4%

Hidalgo

80%

69%

-11%

México

73%

72%

-1%

Yucatán

72%

73%

1%

Ciudad de México

71%

75.3%

4%

Tlaxcala

79%

77%

-2%

Tabasco

63%

78%

15%

Durango

77%

79%

2%

Puebla

98%

90%

-8%

Estados Unidos Mexicanos

100%

100%

0.0%

Guanajuato

123%

128%

5%

Jalisco

137%

134%

-2%

Tamaulipas

133%

143%

10%

San Luis Potosí

157%

164%

7%

Baja California

178%

181%

3%

Chihuahua

170%

182%

12%

Sonora

186%

189%

2%

Aguascalientes

213%

191%

-22%

Querétaro

240%

201%

-39%

Nuevo León

269%

240%

-28%

Coahuila de Zaragoza

326%

301%

-26%

FUENTE: Elaboración propia con base en información de Cuentas Nacionales, INEGI.

 

Es notorio el bajo nivel de industrialización de 8 entidades federativas, cuyo PIB manufacturero per cápita está entre el 8% y el 26% con respecto a la media nacional. Los tres estados de mayor rezago relativo, en términos de PIB per cápita con respecto al promedio nacional, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, están también en el grupo de los menos industrializados.

 

Para fines de ejemplificación de lo que podría significar para cada entidad federativa con menor PIB per cápita respecto al promedio nacional, una asignación de recursos proveniente del fondo de cohesión, se hizo un ejercicio numérico, en el que se asignó un monto complementario diferenciado a los estados que también tuvieran un menor nivel de PIB manufacturero per cápita con relación a la media del país.

 

La bolsa tentativa de recursos se estimó con base en tres fuentes de financiamiento posible a corto plazo, conforme se ilustra en el cuadro siguiente. El monto total estimado anual, del que podría disponer el fondo de cohesión es del orden de 200 mil millones de pesos.

Fuentes potenciales de financiamiento para el Fondo Mexicano de Cohesión (FOMEC)

Origen

Aplicación

Alcance

Observaciones

Impuesto ad valorem a todas las importaciones de bienes

1%

Generaría del orden de 90 mil millones de pesos (con base en valor de importaciones 2019)

El artículo 131 Constitucional faculta a la Federación para gravar las importaciones del país. Podría requerir negociación por T-MEC y otros tratados internacionales.

Impuesto al carbono

Un peso por litro de gasolinas y diesel consumido por el autotransporte nacional

Generaría del orden de 59 mil millones de pesos (con base en consumo de 2019), lo cual equivale a 21 USD/Ton de CO2 equivalente

De fácil aplicación administrativa. No incluye turbosina. Impuestos semejantes se discuten en el Congreso de EU. Propuestas van de 20 a 300 USD/Ton de CO2 a lo largo de los próximos 30 años.

Impuesto al valor agregado

Un punto porcentual adicional al impuesto federal actual (no incluye lo que no se grava hoy)

Generaría del orden de 58 mil millones de pesos (con base en la recaudación por este concepto de 2019)

De fácil aplicación administrativa. 

Impuesto a la riqueza

Varias opciones de tasas (1% a 3.5%) por rangos de valor del patrimonio, con un monto mínimo exento (entre 20 y 200 millones de pesos)

Según diversas estimaciones, podría recaudar hasta el equivalente al 1% anual del PIB: 233 mil millones de pesos de 2020

No es de corto plazo. Requiere la modernización de los catastros. Se puede iniciar de manera escalonada, empezando por los "super-ricos".

FUENTES: Información oficial de SHCP, SENER, Instituto Nacional de Ecología, INEGI, OXFAM, Millionaires for Humanity, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.

 

Para fines de ejercicio, se distribuyó un monto de casi 150 mil millones de pesos entre las 20 entidades federativas que registraron un PIB per cápita menor al promedio del país, canalizando más recursos en términos del PIB estatal correspondiente, a las entidades más rezagadas. El criterio complementario de asignación de recursos, PIB manufacturero per cápita, distribuyó un monto de 50 mil millones de pesos entre las entidades federativas de menor desarrollo industrial. El resultado aparece en el cuadro siguiente.

Entidades Federativas, sin minería petrolera

% PIB per cápita promedio nacional 2020

Recursos FOMEC en % PIB anual de cada estado

Monto aproximado de recursos FOMEC (millones pesos)

 

Chiapas

36%

4.9%

17,831

Oaxaca

47%

4.5%

15,984

Guerrero

50%

5.0%

16,375

Tlaxcala

55%

3.6%

4,908

Hidalgo

64%

3.0%

11,092

Puebla

65%

1.7%

13,114

Michoacán de Ocampo

67%

1.9%

11,387

Nayarit

70%

3.7%

5,911

México

71%

1.1%

24,285

Veracruz de Ignacio de la Llave

71%

1.2%

12,600

Zacatecas

73%

2.1%

4,680

Morelos

73%

1.7%

4,681

Tabasco

78%

1.4%

4,973

Durango

84%

1.4%

4,099

Yucatán

85%

1.5%

5,641

Campeche

85%

4.4%

6,464

Guanajuato

86%

1.0%

9,776

Quintana Roo

96%

2.5%

8,303

San Luis Potosí

97%

1.0%

5,099

Sinaloa

99%

1.5%

8,045

FUENTE: Elaboración propia, con base en información de cuadros anteriores.

 

 

Salvo por el caso peculiar del estado de México[17], las entidades federativas que recibirían más recursos, tanto en términos absolutos como del porcentaje de sus respectivos PIBs, son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo cual parece justo y necesario.

 

A reserva de incorporar criterios adicionales que agreguen matices a la distribución, y de que en el futuro se vayan incorporando métodos de medición, desarrollados por el INEGI, para monitorear el nivel de rezago en unidades territoriales más pequeñas, este ejercicio da una idea del impacto que podría tener un fondo de cohesión que canalice cada año este nivel de recursos a las entidades federativas rezagadas.

 

Perfil del Fondo Mexicano de Cohesión (FOMEC)

 

Como punto de partida para una deliberación más amplia, se apuntan algunas ideas sobre los objetivos, estructura, modalidad de canalización de los recursos, conceptos elegibles, evaluación y transparencia del FOMEC.

 

Los objetivos del Fondo podrían adoptar y adaptar (como de hecho varias entidades federativas ya están haciendo) los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sustentable, dando prioridad invariablemente a las regiones y grupos sociales más rezagados.

 

El Fondo podría constituirse como fideicomiso en alguno de los bancos de desarrollo del país, configurando un Comité Técnico representativo del gobierno federal, de los estados y municipios beneficiarios, y de organizaciones no gubernamentales con trayectoria en materia de impulso al desarrollo regional y local. Habría que considerar una estructura operativa permanente pequeña, en la medida en que los canales para operar los recursos serían los propios de las instituciones de banca de desarrollo del país y, quizás, incluso de la banca comercial, buscando siempre que sea posible una mezcla de recursos en el financiamiento de los proyectos. Y si bien los recursos del Fondo tendrían un carácter de subvención, sin costo, sí podría buscarse que se reintegraran en un plazo definido al patrimonio del fideicomiso para hacer crecer la bolsa disponible en los años siguientes.

 

Se propone que los recursos sean concursables; esto es, que no se otorguen en automático a partidas predefinidas, sino que sea a solicitud expresa de la parte interesada, y mediante el cumplimiento de ciertas condiciones. Para ello, habría que formular reglas de operación claras y detalladas. La pre-distribución de los recursos entre las entidades federativas rezagadas, daría la posibilidad a sus actores locales, gubernamentales, sociales y privados, de presentar solicitudes de financiamiento para sus proyectos, hasta por el monto total asignado a cada estado. Si no se alcanzara a utilizar todo el recurso asignado en un año, se podría acumular para el siguiente.

 

Habría que delinear los programas y tipo de proyectos que serían elegibles para otorgar apoyo. Habría que destinar un porcentaje de los recursos a desarrollo de capacidades: de capacitación para el trabajo, de preparación en temas prioritarios (ciberseguridad, economía y finanzas del carbono, etc.), en investigación y desarrollo (para la transición energética y temas de biotecnología), en innovación, para la preparación de expedientes de los proyectos y programas a distintos niveles de profundidad (perfil, prefactibilidad, factibilidad, proyectos ejecutivos, planes maestros, programas territoriales, etc.). También habría que impulsar esfuerzos cooperativos y comunitarios más amplios, a través de clústeres (en esquemas de triple hélice) y de programas integrales territoriales, con visión intersectorial y de largo plazo. Una tercer vertiente de apoyo podría ser el desarrollo de instrumentos, como una plataforma que facilite la operación del Fondo, la presentación de solicitudes, la comunicación con los interesados; y también el desarrollo de los sistemas catastrales de cada entidad federativa.

 

Un aspecto crucial para darle viabilidad política de largo plazo y propiciar un proceso continuo de mejora, consiste en mantener desde el principio una transparencia absoluta en lo que se hace y cómo se hace, y también en establecer evaluaciones ex post sistemáticas de los principales programas y proyectos que se apoyen.

 

Si lo podemos imaginar, lo podemos hacer.



[1] El ingreso potencial por el impuesto a las importaciones, el IVA recaudado y los combustibles vendidos en 2019, se estima en el orden de 207 mil millones de pesos. Grosso modo, una bolsa anual de 200 mil millones de pesos equivaldría al 0.9% del PIB nacional de 2020 y al 2% del PIB de los 20 estados que tienen un PIB per cápita menor al promedio nacional. Podría haber otras fuentes de financiamiento como un impuesto a la riqueza, que tiene potencial pero no es de corto plazo.

[2] Que aquí se denomina Fondo Mexicano de Cohesión (FOMEC).

[3] De los tres sectores: público, privado y social.

[4] Como la de Robert A. Pastor, Toward a North American Community: Lessons from the Old World for the New; publicado por el Institute for International Economics (ahora Peterson Institute for International Economics) en agosto de 2001, antes de la reunión prevista entre los presidentes Fox y Bush el 4 de septiembre de 2001 en Washington. Cabe mencionar que, en esa visita, el presidente Bush expresó que la relación con México era la más importante para Estados Unidos. Curiosamente, el presidente Biden también ha expresado algo similar.

[5] En 2004 ingresaron a la Unión Europea 10 países: República Checa, Chipre, República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania.

[6] En 2020, 12 entidades federativas registraron un PIB per cápita menor al 75% del PIB per cápita promedio del país. Otros 8 se ubicaron en el rango entre 75% y menos de 100%.

[7] Este término abarca la idea de recuperación, de ponerse al día y alcanzar a las regiones más adelantadas.

[8] Que, a juzgar por la experiencia de la UE, no sólo beneficia a las regiones rezagadas, sino que también genera demanda hacia las regiones más desarrolladas del país. Inclusive, en una etapa posterior, cuando el desarrollo de la estadística regional lo permita, el FOMEC podría enfocar unidades territoriales rezagadas más acotadas en cualquiera de las 32 entidades federativas.

[9] El Fondo podría contribuir a financiar sistemas catastrales municipales con alcance estatal, como el que ha desarrollado Sinaloa con buenos resultados.

[10] Las principales fuentes de ingreso de la Unión Europea son: aportaciones de los países miembros, como una proporción de su PIB, en función de su tamaño relativo; impuestos ad valorem a las importaciones de fuera de la UE; una porción pequeña del impuesto al valor agregado recaudado por los países miembros; y otros ingresos menores más específicos, como un impuesto a los residuos de empaques plásticos no reciclados, y el importe de multas recaudadas por faltas a la normatividad de la Unión Europea. En promedio, la suma de estas fuentes de financiamiento han representado del orden de un punto porcentual anual del PIB de la UE. A futuro, las nuevas fuentes de financiamiento de la UE contemplan un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (a fin de que los importadores paguen el mismo precio sobre emisiones de carbono que los productores de la UE), y más adelante un impuesto sobre transacciones financieras, entre otras posibilidades.

[11] Véase Pastor, Op cit, pág. 53.

[12] Pastor, Ibid, pág. 54.

[13] Analysis of the Impact of Cohesion Policy: A note explaining the HERMIN-based simulations; preparado por John Bradley (EMDS), Gerhard Untiedt (GEFRA), y Timo Mitze; mayo 14, 2007.

[14] Pastor, Ibid, pág. 56.

[15] Cabe señalar que la estimación del PIB de las entidades federativas se hace excluyendo en todos los casos el rubro de minería petrolera, ya que su inclusión distorsiona en forma muy importante el indicador para los estados de Campeche y Tabasco.

[16] Sobresale el caso de Campeche, que registró una disminución de más de la mitad de su PIB per cápita, como proporción de la media nacional, en el periodo, a pesar de que no se está considerando la minería petrolera que también se redujo de manera significativa. Una posible explicación es justamente que la caída en la minería petrolera arrastró a muchas otras actividades de producción y servicios vinculadas con ella. El caso de Quintana Roo está relacionado con el impacto severo de la pandemia sobre la actividad turística, que ha sido prácticamente el único motor de crecimiento del estado.

[17] Aunque tiene el segundo PIB más grande, después de la ciudad de México, es el noveno más rezagado en términos de PIB per cápita, y el número 15 más rezagado por PIB manufacturero per cápita.