El 5
de agosto pasado, en su gira por el noroeste del país y durante su estancia en
Culiacán, Sinaloa, el presidente López Obrador expresó su intención de que nuevamente
sea una consulta popular la que resuelva el conflicto que existe en torno a un
proyecto de inversión en construcción en el puerto de Topolobampo.
El proyecto
inició su construcción en 2015 y consiste en una planta para la producción de
770 mil toneladas de amoniaco, para uso como fertilizante agrícola, con una inversión
estimada de mil doscientos millones de dólares. Se ubica a la entrada de la
Bahía de Ohuira, a un lado de las instalaciones de almacenamiento de
combustibles que tiene PEMEX en el puerto de Topolobampo. A la fecha se ha
construido la plataforma de operación de la planta en una superficie del orden
de 30 hectáreas, con frente de agua y el acceso a la carretera Los
Mochis-Topolobampo. El proyecto cuenta con resolutivo favorable de la
manifestación de impacto ambiental que realizó en 2014. En una segunda etapa,
se prevé la construcción de una planta de urea, y en una tercera, una planta de
metanol, para una inversión total estimada en cinco mil millones de dólares.
Se
atendería la demanda de fertilizantes de la región Sinaloa-Sonora, una de las
más grandes y productivas regiones agrícolas del país. En 2018, se importaron
por el puerto de Topolobampo, cerca de un millón de toneladas de fertilizantes
(urea y otros), y doscientos mil toneladas de amoniaco. Con la producción local
de amoniaco y fertilizantes, se espera bajar el costo de este insumo y
aprovechar el suministro de gas natural que ya llega al puerto de Topolobampo a
través de dos gasoductos provenientes de Estados Unidos.
La
planta de fertilizantes sería la primera industria en instalarse dentro del
corredor Los Mochis-Topolobampo, que es uno de los sitios más propicios para la
atracción de inversiones con que cuenta el país, en virtud de un conjunto de
factores favorables: una ciudad media de apoyo con todos los servicios; un
puerto comercial con capacidad de crecimiento; un corredor industrial-logístico
de más de 10 kilómetros de longitud con terrenos urbanizables del orden de dos
mil hectáreas; suministro abundante de gas natural a través de dos gasoductos
que vienen de Estados Unidos; punto de enlace comercial y turístico con Baja
California Sur y el Mar de Cortés, así como del tren Chihuahua-Pacífico (“el
Chepe”) que cruza las Barrancas del Cobre; conectividad carretera de cuatro
carriles a la frontera con Estados Unidos y a través de Ferromex; y
próximamente, puerta para conectar Chihuahua, el noreste del país y el sureste
de Estados Unidos a la Cuenca del Pacífico (a través de la carretera
Topolobampo-Ojinaga).
Este
proceso se ha vuelto más visible por la participación de personajes como Francisco
Labastida Ochoa[1],
a favor del proyecto, y Tatiana Clouthier[2], en contra. El punto al
que se ha llegado es ejemplificativo de lo que pasa con proyectos de inversión,
pública o privada, de cierta envergadura, cuando no existe un camino
institucional bien estructurado desde la idea hasta la ejecución, que vaya
resolviendo las dudas legítimas que presentan los actores interesados (los
promotores del proyecto, las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, la
comunidad en que se inscribe -beneficiarios y afectados-).
El
último caso de proyecto de inversión en curso que se resolvió por consulta
popular fue el de la planta de fabricación de cerveza en Mexicali, Baja
California, y resultó un desastre. Se realizó en marzo pasado, cuando la planta
llevaba un 70% de avance y una inversión estimada de mil cuatrocientos millones
de dólares. Votó solamente el 4.7% del padrón electoral del municipio de
Mexicali. Y se revirtió la decisión de otorgar derechos de agua que
representaban un porcentaje mínimo de los usos consuntivos anuales sobre el
acuífero de Mexicali.
La
decisión favorable sobre los derechos de agua se tomó el sexenio pasado, pero
fue ratificada por las autoridades actuales apenas al inicio de este año[3]. Si bien se trata de un
acuífero sobreexplotado[4], como casi todos en el
país, su gestión sustentable debió incluir la búsqueda de mayor eficiencia en
el consumo agrícola (usuario predominante) y urbano.
El
costo para el país de haber detenido ese proyecto no sólo será por el monto de
la inversión ya realizada (que tendrá que resarcirse a la empresa privada por
parte del gobierno federal): se perderán los empleos programados, ya no se
desarrollará la zona de producción agrícola de acompañamiento, ya no habrá
exportaciones adicionales de cerveza. Pero además, se reducirá la confianza de la
inversión privada, nacional y extranjera, y con ella disminuirá este componente
esencial para que México pueda crecer a tasas elevadas sostenidas en los años
siguientes.
La
deliberación pública, suficiente e informada sobre el proyecto debió hacerse
desde un principio, con todos los actores interesados. Y el resultado no tenía
que ser necesariamente llegar a una votación popular para decir sí o no al
proyecto. El debate con argumentos, no con calificativos ni posturas
ideológicas, hubiera puesto de relieve que el problema que debe atenderse es la
gestión eficiente del agua en la cuenca, analizando todas las opciones con una
visión de largo plazo. Así, por ejemplo, una de las acciones que habrá que tomar
más temprano que tarde se refiere a modernizar el manejo del agua en el Valle
de Mexicali, a fin de generalizar el uso de riego presurizado, reducir el
volumen del consumo anual de agua, y mejorar la productividad de los cultivos. El
verdadero objetivo es llevar nuevamente la recarga del acuífero a números
negros para garantizar su sustentabilidad.
Regresando
al caso de la planta de amoniaco de Topolobampo, más que una consulta popular a
corto plazo, lo que se requiere es una deliberación pública, suficiente e
informada, durante algunas semanas, entre todos los actores interesados, que
contraste los argumentos técnicos sobre el fenómeno que se percibe como
problema (la contaminación de la Bahía de Ohuira) y el impacto supuesto de la operación
de la planta.
Es
probable que, como resultado de este ejercicio, se obtenga una idea clara y
compartida de que efectivamente hay un problema de contaminación en la Bahía de
Ohuira, causado por la acumulación de décadas de descargas de las aguas
provenientes de las importantes zonas de producción agrícola que rodean la
bahía, con residuos de fertilizantes y otros agroquímicos; así como de las
descargas de los desarrollos de acuacultura en la zona; y las descargas de
aguas residuales urbanas provenientes de Los Mochis y Topolobampo; y las
descargas de la planta termoeléctrica de la CFE, por mencionar las fuentes más
relevantes. Y en este contexto, sería posible ubicar el impacto real -muy poco
significativo- de la planta de amoniaco. Los diferentes actores interesados
podrían entonces acordar acciones conjuntas para resolver el problema de fondo
y garantizar que la Bahía de Ohuira continúe siendo un área biodiversa y fértil
de pesca ribereña sustentable, de ecoturismo, y de actividades de
transportación marítima comercial y turística bien acotadas.
Es
probable que también se pueda identificar y reducir el impacto sobre otras
actividades económicas que serían afectadas por el proyecto, como la
importación y distribución de fertilizantes.
Si
después de realizar este ejercicio todavía se desea llevar a cabo una consulta
popular con votación directa de la población, habría que ser cuidadosos en la
definición de los municipios participantes en la región norte de Sinaloa, así
como en la organización del evento por parte de la autoridad electoral.
La
experiencia internacional en materia de consulta pública de proyectos de
inversión importantes[5], confirma la necesidad de
contar con reglas, procesos, agencias ad hoc, que resuelvan con oportunidad, legitimidad
y eficiencia cualquier discrepancia, desde su concepción hasta su ejecución.
Independientemente
de lo que se decida hacer en este próximo caso de la consulta pública sobre el
proyecto de inversión de la planta de amoniaco de Topolobampo, y otros casos
que le sigan, es claro que la transformación que requiere el país exige avanzar
hacia “Una nueva institucionalidad pública que fortalezca el proceso de
identificación, evaluación, selección y ejecución de los proyectos de inversión
pública [y privada]; que sea abierto a las propuestas y a la revisión y
deliberación pública por parte de la sociedad; que construya una cartera amplia
de proyectos para la planeación a largo plazo de la inversión pública en los
tres órdenes de gobierno [y una mejor selección y perfilamiento de los
proyectos de inversión que decida hacer el sector privado]”[6].
Es
alentador que el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024,
de reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación, contemple un
propósito similar entre sus objetivos, estrategias y acciones puntuales.[7]
[1]
Político priísta de larga trayectoria y amplio reconocimiento público. Es mochiteco,
fue gobernador de su estado y ha realizado trabajos como consultor para el
desarrollo del proyecto.
[2]
Política morenista, diputada federal y excoordinadora de la campaña
presidencial de López Obrador. Es culiche, hija del legendario Maquío, y
probable candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León el año próximo.
[3] El
titular de la SEMARNAT , Víctor Manuel Toledo, primero expresó que el proyecto
no afectaría la dotación de agua a los habitantes de Mexicali, y unas semanas
después no sólo adoptó la postura contrario, sino que declaró después de la
consulta que “otro virus mortal” eran los “500 corporativos, bancos y magnates
[de México] que lista la revista Fortune”.
[4]
¿Por qué el manejo del agua y, en particular, la gestión de los acuíferos, no
tiene la más alta prioridad en la gestión gubernamental? Es un rubro
fundamental para la sustentabilidad del país, y puede dar lugar a iniciativas
amplias de mayor inversión y productividad agrícola (vía sistemas de riego
presurizado y paquetes tecnológicos adecuados), al tiempo que se liberan volúmenes
aprovechables para el uso urbano e industrial. Desde luego, también hay un
amplio espacio para lograr una mayor eficiencia en el consumo de agua urbana
(reducción de fugas, medición y tarificación).
[5]
Como el casó francés y su Comisión Nacional para el Debate Público, que desde
2008 se ocupa de organizar y facilitar el debate entre los actores interesados,
así como en informar cabalmente al público, dando difusión a los debates y
publicando sendos informes al inicio y al final de las deliberaciones públicas.
Los proyectos elegibles deben reunir algunos criterios relativos a su impacto
económico, social y/o ambiental, así como su escala (mayor a 300 millones de
euros). El resultado no es una votación popular, sino que la decisión de hacer
o no el proyecto, y las modificaciones que -en su caso- tuvieran que incluirse,
se toma con base en las conclusiones de la deliberación pública efectuada.
[6]
Véase la nota “Por cuál transformación voté: primera parte”, en este mismo
blog.
[7]
DOF, 5 de agosto de 2020.
