Por cuál transformación voté: apuntes para una hoja de ruta alternativa (primera parte)

El presidente López Obrador ha llamado a la población a definirse si están a favor o en contra de la transformación del país. Desde luego, yo estoy a favor de la transformación, pero no de una en abstracto.

 

A mi entender, transformar significa cambiar en forma profunda; dejar de hacer lo que no ha funcionado, innovar, experimentar, para encontrar respuestas a los retos que enfrentamos como país.

 

Y el primer cambio profundo, indispensable para hacer una verdadera transformación, consiste en lograr un crecimiento económico significativamente superior al que ha tenido el país en los últimos seis sexenios, que tenga como atributos principales una reducción igualmente significativa de la pobreza y de la desigualdad.

 

Tasa de crecimiento anual promedio del PIB
Sexenio	Años	PIB
		TMCA	Incremento Sexenal
José López Portillo	1977-1982	6.7%	47.8%
Miguel de la Madrid Hurtado	1983-1988	0.1%	0.4%
Carlos Salinas de Gortari	1989-1994	4.1%	27.0%
Ernesto Zedillo Ponce de León	1995-2000	3.3%	21.2%
Vicente Fox Quezada	2001-2006	1.9%	12.2%
Felipe Calderón Hinojosa	2007-2012	1.7%	10.7%
Enrique Peña Nieto	2013-2018	2.4%	15.3%
Últimos seis sexenios	1982-2018	2.2%	121.3%
Andrés Manuel López Obrador	2019-2024	3.6%	23.9%
FUENTE: PIB a precios de 2013, INEGI. Los datos para AMLO suponen que se alcanza un crecimiento anual promedio de 8.4% durante 2021-2024, a fin de compensar la caída de -10% esperada en 2020.

 

El nivel del crecimiento requerido es el que permitiría dar empleo formal a todo aquél que quisiera trabajar, porque esa es la mejor manera de acabar con la pobreza, para lo cual el tamaño de la economía tendría que duplicarse, ya que el empleo informal y el desempleo suman poco más de la mitad de la fuerza de trabajo actual. Si nos fijamos como objetivo lograr lo anterior en la próxima década (2021-2030), tomando como punto de partida el tamaño de la economía al fin del sexenio anterior (2018), nuestra meta para transformar el país tendría que ser una tasa de crecimiento anual promedio de por lo menos 8.4%[1].

 

Una tasa de ese nivel parece ciencia ficción cuando pensamos que el último periodo de alto crecimiento de nuestra economía fue hace más de 40 años, durante la administración del presidente López Portillo. Entonces, el país creció a una tasa promedio de 6.7%, y su tamaño aumentó en casi un 50% durante el sexenio. Dicho crecimiento se basó en el descubrimiento de Cantarell y un contexto inicial favorable del mercado petrolero global, así como en un gasto público elevado, descontrolado y dispendioso.

 

Después, en los últimos seis sexenios, el país ha crecido a una tasa media anual del 2.2%, y ha tardado 32 años en duplicar el tamaño de su economía. Con sus matices sexenales, el modelo económico que ha prevalecido se orientó a buscar la inserción de México en los mercados globales, a privilegiar la inversión privada nacional y extranjera, y a reducir al mínimo posible la acción y regulación del gobierno en la actividad económica.

 

En contraste, países como la India (la democracia más grande del mundo) se propusieron explícitamente crecer a una tasa elevada, registrando un 6.5% anual promedio durante los últimos 20 años (1999-2019), y multiplicando el tamaño de su economía por 3.5. China, con un régimen autoritario, creció al 9% anual promedio en el mismo periodo y multiplicó el tamaño de su economía por 5.6. Incluso Chile, Colombia y Perú lograron más que duplicar el tamaño de su economía entre 1999 y 2019. En ese periodo, México sólo aumentó el tamaño de su economía en un 50%.

 

La transformación del país en materia económica debe empezar por proponerse crecer a una tasa anual elevada y contínua, con la misma obsesión con la que se combate la corrupción. A partir de este objetivo central, se tendrían que alinear visiones, políticas, actitudes y acciones de todos los actores sociales, a fin de tener posibilidades de éxito. No se trata de reeditar pactos tras bambalinas, sino de plantear y discutir abiertamente, con argumentos y sin calificativos, las opciones disponibles.

 

El propósito debe ser construir una agenda que incluya, entre otras cosas:

 

1.     Un aumento significativo de la inversión pública en los tres órdenes de gobierno, dirigida a prioridades bien fundamentadas y basadas en una deliberación pública sistemática entre las partes interesadas.

 

2.     Un aumento igualmente significativo de la inversión privada nacional, no sólo de los grandes grupos empresariales, sino en particular de las empresas medianas y pequeñas (incluyendo al sector social), agrupadas en estrategias de desarrollo regional y encadenamientos productivos, para el aprovechamiento de los recursos locales, y sobre la base de consorcios ad hoc de investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios especializados.[2]

 

3.     Un aumento de la inversión extranjera en aquellos campos en que sea evidente su contribución al desarrollo tecnológico y la ampliación de mercados internacionales.

 

4.     Una nueva institucionalidad pública que fortalezca el proceso de identificación, evaluación, selección y ejecución de los proyectos de inversión pública; que sea abierto a las propuestas y a la revisión y deliberación pública por parte de la sociedad; que construya una cartera amplia de proyectos para la planeación a largo plazo de la inversión pública en los tres órdenes de gobierno.[3]

 

5.     Una reforma hacendaria nacional que fije las nuevas reglas sobre los ingresos y egresos públicos, haciendo una distribución más equitativa de derechos y obligaciones entre los tres órdenes de gobierno.

 

6.     Una reforma tributaria progresiva, que grave más a quienes tienen mayor capacidad económica, y en particular un impuesto a la riqueza que permita a los más ricos contribuir claramente a reducir la desigualdad.

 

7.     Un amplio programa de generación de empleos formales productivos que nos lleve al pleno empleo en una década, aparejado con una política de largo plazo de aumento en los salarios reales, particularmente de los más bajos.

 

8.     Una política macroeconómica que mantenga baja la tasa de interés y no sobrevalúe el peso; que permita el financiamiento de proyectos estratégicos de inversión pública mediante emisiones bien calibradas del banco central, y que controle la inflación.[4]

 

9.     Una política de financiamiento de proyectos de inversión privada y social, que son producto de las estrategias regionales de desarrollo, a través de fondos regionales concursales, que puedan combinar recursos fiscales y bancarios en esquemas diversos de crédito y aportación a capital; y que puedan convertir gradualmente las aportaciones a fondo perdido en créditos a tasa cero y participaciones temporales en el capital de las empresas.[5]

 

La transformación que ofreció el gobierno federal todavía es posible. México puede crecer a tasas elevadas los cuatro años que restan del sexenio. Pero debemos asumir esto como propósito central, y actuar en consecuencia.

 

 

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[1] Y ello, sin considerar el crecimiento adicional que tendría la fuerza de trabajo en ese periodo.

[2] Hay distintos casos ejemplificativos que pueden ayudar a configurar los esquemas propios para México: los programas regionales que impulsa la Unión Europea, los programas territoriales que se han impulsado en el ámbito rural latinoamericano, los clústeres en torno a ciertas industrias y regiones.

[3] Un caso ejemplificativo que vale la pena revisar con lupa es Infrastructure Australia, el arreglo legal e institucional creado por el gobierno australiano en 2008 para profesionalizar y sistematizar la jerarquización de los requerimientos de infraestructura del país (de transporte, comunicaciones, energía, hidráulica, de salud y educación, etc.). Para la realización de deliberaciones públicas sobre proyectos de inversión de cierta escala e impacto, convendría revisar el caso francés y su Commission Nationale du Debát Publique.

[4] Este es un tema clave sobre el que volveré en otro apunte próximo.

[5] La concentración en una sola coordinación federal por estado de lo que antes eran delegaciones de cada dependencia federal que se manejaban en forma separada, permitiría ahora operar fondos concursales dirigidos a programas regionales con una visión integral (no sectorizada) de las prioridades de inversión en cuanto a actividades económicas, pero también incluyendo requerimientos de infraestructura y otros servicios (capacitación y asistencia técnica, etc.). Por ejemplo, un programa regional podría apoyar la inversión en infraestructura de riego de varias zonas productivas, la organización de productores para la construcción y operación de bodegas de almacenamiento y unidades de transporte, el mejoramiento de caminos rurales y la introducción de redes de electrificación rural y de telecomunicaciones. Otro programa regional podría apoyar el desarrollo de proveedores de una empresa ancla industrial. En cada uno cabría identificar requerimientos de mejora tecnológica y servicios especializados.