Las prioridades del agua

La ciudad de San Francisco de Campeche enfrenta serios retos relacionados con el agua para consumo humano.  Para empezar, el líquido tiene una dureza (contenido de carbonato de calcio) que ronda los límites permisibles de la norma de salud.  Y por las muchas fisuras de una red de distribución que, en su mayor parte, ya excedió su vida útil, el agua potable que llega a nuestras casas está permanentemente en riesgo de contaminación por el contacto con las aguas residuales que se filtran de las fosas sépticas.

Además de sus efectos sobre la salud humana, el agua dura reacciona con el calor y provoca adherencias dentro de las tuberías de conducción y distribución del agua, provocando que se pierda capacidad operativa y se reduzca sensiblemente la vida útil de la infraestructura.  El engrosamiento de las paredes de las tuberías reduce su diámetro y dificulta el flujo del agua, con lo cual aumenta también el gasto en energía eléctrica por la necesidad de mayor bombeo.

Las zonas de suministro actuales y futuras del agua que consume la ciudad y los derechos de vía de sus redes de conducción no están protegidos y, por lo tanto, se encuentran en riesgo.  Cabe preguntar también:  ¿se ha hecho una prospección exhaustiva para seleccionar las más adecuadas?,  ¿hay agua suficiente para una ciudad de 300 mil habitantes, o 500 mil, o un millón?

Por otra parte, y aunque –en cuanto a cobertura- sólo un 4% de las viviendas no están conectadas a la red pública, todavía alrededor del 20% recibe el agua dentro de su predio pero fuera de la vivienda.  Además, sólo el 53% de las viviendas recibe un servicio regular de 24 horas por 7 días a la semana  (véase Gestión del Agua en las Ciudades de México 2011, del Consejo Consultivo del Agua, A.C.; y el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI).

No hay una ciudad en el país del tamaño y jerarquía de la ciudad de Campeche que no esté midiendo sus flujos de agua, lo que extrae de las fuentes de suministro y lo que efectivamente se recibe en las viviendas y establecimientos diversos.  Como aquí no se hace todavía, no es posible cobrar más a quien consume más.  Las tarifas se han rezagado (son las más bajas del país) y no existe el principal estímulo para evitar el desperdicio (su justo precio).  Tampoco es posible planear la reducción de fugas en la red de distribución, ya que no sabemos cuánta agua se pierde ni dónde;  y no podemos administrar eficientemente el agua disponible en la red porque no está sectorizado su manejo.

En marcado contraste con el resto del país, donde en promedio el 72% de las viviendas están conectadas a una red pública de drenaje sanitario, en la ciudad de Campeche, sólo el 9.4% de las viviendas lo está.  El 86% cuenta con fosa séptica, que ha dejado de ser un sistema eficaz para el tamaño de ciudad que ya somos.  La falta de una red pública general de alcantarillado y, por lo tanto, la imposibilidad de dar tratamiento a las aguas residuales ha generado la contaminación creciente de la Bahía de Campeche.  La afectación del mar reduce su atractivo turístico y su capacidad productiva.

Por si fuera poco, la base institucional del sistema, que debe dar soporte a una gestión integral del agua, es muy frágil.  En el núcleo, el organismo operador municipal cambia de técnicos y directivos cada tres años; no se capitaliza la experiencia ni se acumula conocimiento.  No hay planeación de largo plazo y sus sistemas de facturación y cobranza están obsoletos.

Frente a tantos problemas y cuando los recursos son escasos (o sea, siempre), ¿cuáles son las prioridades, cómo seleccionar proyectos y con qué criterios?  ¿Cuáles son los requisitos para que los proyectos sean viables y generen efectivamente más beneficios que costos, en un lapso de tiempo razonable?

Jerarquizar proyectos y definir una estrategia clara para saber qué va primero y qué después no es un ejercicio exclusivo de las burocracias en turno.  Es necesaria también la participación de ciudadanos interesados que no están pensando en la próxima elección, sino en la solución gradual pero firme de los problemas con una visión de largo plazo.

Mauricio Merino nos recuerda que  “la verdadera participación ciudadana es el encuentro entre algunos individuos que libremente deciden formar parte de una acción colectiva y de un entorno que la hace propicia”  (La participación ciudadana en la democracia, IFE, cuaderno de divulgación de la cultura democrática #4, 2001). 

En un contexto como el de Campeche, donde el ingreso de las familias depende en gran medida, directa o indirectamente, de los gobiernos (federal, estatal, municipal), es imprescindible que éstos fortalezcan dicho entorno, no sólo con apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, sino también absteniéndose a toda costa de aplicar medidas disuasivas (como las amenazas veladas de pérdida de empleo a los ciudadanos que se manifiestan o a sus familiares), como ha ocurrido en el pasado.