Viejos y nuevos problemas; procesos de solución participativos
En la discusión actual sobre el campo mexicano, es indispensable contextualizar los temas en términos geográficos y temporales. Los diversos diagnósticos sobre la situación social, económica, ambiental y política del campo mexicano destacan elementos de enorme relevancia para la formulación e instrumentación de políticas públicas orientadas a desarrollar las capacidades productivas y elevar el nivel de vida de los pobladores del campo.
Varios de estos elementos se han conformado a lo largo de décadas y no será posible resolverlos de un plumazo:
- el minifundio y la atomización de la población rural
- la falta de integración de las cadenas productivas, desde los insumos para la producción, hasta la fase de poscosecha, acopio, almacenamiento, distribución, industrialización, comercialización y consumo
- la falta de participación y de conocimiento del productor primario en las demás fases de la cadena productiva
- el bajo nivel tecnológico de las actividades primarias y la falta de opciones tecnológicas industriales
- la erosión y el agotamiento de suelos, junto con la sobreexplotación y contaminación del agua
- la descapitalización y la falta de rentabilidad de las actividades primarias
- la visión fragmentada de las instancias públicas de apoyo: por programa, por tipo de productor, por sector y subsector, por orden de gobierno, por producto, etc.
- la escasez y deterioro de la infraestructura básica (caminos, riego, energía eléctrica, etc.) y la insuficiencia de los servicios de apoyo elementales (financiamiento, información, almacenaje, transporte, normalización, etc.)
- la persistencia de estructuras corporativas en las organizaciones de productores, en detrimento del desarrollo de unidades económicas, como mecanismos de interlocución con otros actores sociales
- la falta de cultura de trabajo conjunto organizado y cooperativo entre los actores del campo
- la disyuntiva artificial entre una visión empresarial guiada por la eficiencia y el mercado, y otra visión que enfatiza la necesidad de superar vulnerabilidades sociales (educativas, de alimentación, de participación social, etc.)
- las prácticas desleales de comercio exterior, que no empezaron en 1994 ni son privativas de un país.
El resultado previsible de las mesas de diálogo será una agenda de trabajo con medidas y acciones para el corto y mediano plazos. Por su carácter cupular, los acuerdos que ahí se tomen tendrán necesariamente un grado elevado de generalidad que será necesario aterrizar rápidamente.
A mi juicio, la manera más eficaz de operar políticas y líneas de acción generales consiste en este caso en buscar su instrumentación articulada por localidades, zonas y subregiones, en función de proyectos productivos y actores concretos.
Una visión regional, integral[i] y de largo plazo, impulsada de abajo hacia arriba por actores locales y basada en proyectos bien armados, sería el mecanismo más práctico para avanzar, paso a paso, en los grandes propósitos de la transformación del campo mexicano.
Ello requiere procesos de solución participativos, en los cuales el actor local y sus proyectos sean el centro, mientras que la burocracia pública de apoyo se supedite a ellos.
También serán necesarios fondos locales –si bien, de monto reducido, adicionales a lo que ahora existe- para apoyar la elaboración de visiones y proyectos, y facilitar procesos de desarrollo institucional de los actores interesados.
Enseguida, se explican con mayor detalle estos conceptos.
Oportunidad actual: diálogo e instrumentación eficaz
El diálogo que se está llevando a cabo en este momento entre los actores que participan en el desarrollo del campo, constituye una gran oportunidad para encontrar caminos por los que todos podamos transitar, y generar con ello –como sociedad- resultados que atiendan gradualmente nuestros problemas acumulados.
Dado que no es posible encontrar en un lapso tan corto las soluciones a temas tan diversos y profundos, como son los que caracterizan al ámbito rural, es razonable esperar que los acuerdos que se alcancen ahora habrán de constituir líneas de acción y políticas generales, prioritarias para el corto y mediano plazos.
Estas líneas y políticas, a su vez, configurarán una agenda de trabajo que buscará involucrar y comprometer en los procesos de solución a todos los actores relevantes.
Entre las medidas y acciones a impulsar, que –muy probablemente- formen parte de dicha agenda de trabajo, se encuentran las siguientes:
- esquemas de organización empresarial y cooperativa que permitan integrar unidades productivas de escala adecuada
- proveeduría por contrato, alianzas estratégicas, esquemas diversos de integración vertical y coordinación horizontal de las cadenas productivas con la participación directa de productores rurales
- desarrollo institucional de servicios al productor: información, capacitación, financiamiento, transporte, desarrollo empresarial
- modificaciones a la disposiciones y prácticas de comercio exterior para garantizar una protección expedita de la producción nacional
- fortalecimiento del consumidor como un actor que toma decisiones en función de información objetiva y clara (por ejemplo, saber inequívocamente cuál es el país de origen de los productos que se venden en México, cuáles son sus propiedades, calidades e ingredientes, etc.)
- articular y poner en marcha las instancias y los sistemas definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De hecho, gran parte de esta agenda de trabajo, por su temática, habrá de reflejar los propósitos que animan a la reciente Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2001.
Por desgracia, la instrumentación de la Ley ha sido muy lenta. La mayoría de los plazos establecidos en sus artículos transitorios se han incumplido. No existe todavía una estructura organizativa y financiera capaz de impulsar el desarrollo integral y sustentable del campo mexicano. Y es probable que su diseño cabal y puesta en marcha aún requiera de plazos que no serían políticamente viables.
Es por ello que los planteamientos que se acuerden habrán de considerar, previsiblemente, asuntos urgentes de corto plazo y temas de construcción paulatina de mayor horizonte temporal.
Todos estos elementos confeccionarán una agenda de temas que cruzan horizontalmente a todos los productores, productos y regiones del país. Sin embargo, no serían suficientes para articular procesos concretos de solución que, para ser integrales y de largo plazo, tendrían que modalizarse y arraigarse en las localidades, zonas y subregiones específicas del país.
Sólo a nivel local es posible definir la vocación y potencial productivo; decidir si se sustituye un cultivo o se busca elevar su productividad, y en qué grado; seleccionar la gama de productos alternativos que conviene impulsar; identificar las posibilidades y modos de comercializar e industrializar una nueva oferta productiva en formación; al tiempo que se busca mejorar las condiciones sociales y ambientales de la zona.
Esquema organizativo local, con visión de largo plazo y enfoque de proyectos
Avanzar en la transformación del campo mexicano, supone facilitar la consolidación de esquemas organizativos locales, con visión de largo plazo y enfoque de proyectos; que aproveche la oferta institucional de apoyo existente; y genere alianzas estratégicas con otros actores relevantes.
A título ejemplificativo, y a riesgo de simplificar demasiado, se enuncian algunas líneas de trabajo que habría que abordar en casos concretos de zonas y productos.
Los productores de maíz de Chiapas requieren elevar la productividad del cultivo (paquete tecnológico, maquinaria, riego), mejorar sus condiciones de acopio (prácticas poscosecha, instalaciones, transporte) y estructurar vínculos estables con la agroindustria de la región (contratos de suministro, agroindustria propia o en asociación, etc.). También, diversificar cultivos en función de condiciones agroclimáticas, ecológicas y de mercado, particularmente hacia especies perennes y forestales (sobre todo en zonas con pendientes que no son aptas para los cultivos cíclicos); impulsar agroindustrias derivadas; y estructurar una organización empresarial y cooperativa acorde con sus propósitos.
Los productores vinculados al cocotero en Guerrero enfrentan la necesidad de mejorar genéticamente su cultivo (para hacer frente a enfermedades), hacer sustituciones parciales (hacia palma africana, por ejemplo); mejorar prácticas productivas (industrialización de la copra) y de comercialización (mercadeo del coco-fruta). También, buscar opciones tecnológicas de aprovechamiento integral del cultivo (madera, ramas, etc.), así como diversificar actividades productivas, incluyendo la introducción de ciertas especies pecuarias y la reforestación que permita captar ingresos por servicios ambientales.
Los citricultores de naranja en Veracruz requieren organizarse en función de módulos de acopio y transporte que permitan consolidar ofertas para los mercados de fresco (con clasificación de calidad) e industrial. También, elevar la productividad del cultivo y combatir enfermedades; establecer vínculos de largo plazo con la agroindustria, a fin de facilitar la diversificación de productos con mayor valor agregado: jugo (concentrado y exprimido), gajos, pectina, aceite esencial, etc.
Los productores de carne y leche de ganadería extensiva en el litoral del Golfo se beneficiarían de la aplicación de modelos de producción semi-intensivos, con base en la rotación de potreros y el suplementos alimenticios; del mejoramiento genético del ganado, y de su integración vertical hacia la industria lechera (centros de acopio refrigerados, leche en polvo y ultrapasteurizada, industria quesera) y de la carne (rastros TIF regionales, comercialización de cortes primarios, aprovechamiento integral de la res, etc.), en esquemas de empresas integradoras y en contratos de suministro con grandes agroindustrias y empresas comerciales. Los ranchos ganaderos, a su vez, podrían reconvertir una parte de su superficie a uso forestal, con especies de maderas tropicales preciosas.
En función de la localidad/zona/subregión, y de actores y proyectos concretos es posible formular los contratos a que se refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para fines productivos, sociales y ambientales, entre los productores y el gobierno federal.
Estos contratos serían el instrumento legal para lograr la sincronización de los programas públicos de apoyo, en función de la lógica de desarrollo local y de los proyectos mismos. En forma simultánea, se buscaría también la concurrencia de los compromisos y apoyos de los otros órdenes de gobierno.
Habría que consolidar un liderazgo y un esquema organizativo local, con asistencia técnica que contribuya a facilitar procesos y formular proyectos, financiada a partir de un fondo local ad hoc, sobre cuyos recursos puedan decidir los actores locales.
Pieza clave en esta propuesta sería la reingeniería de la oferta institucional de apoyo (mental en una primera instancia), de manera que el productor y su proyecto se vuelva el cliente, y todo el aparato burocrático gire en torno a los bienes y servicios que requiera.
Asimismo, el desarrollo institucional del productor debe permitirle, cada vez más sin el apoyo del gobierno, convertirse en un interlocutor de otros actores relevantes para el desarrollo rural, con quienes habrá de realizar alianzas estratégicas de mutuo beneficio: agroindustrias, cadenas de supermercados, centrales de abastos, etc.
Es así que además de instrumentar lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, será necesario incorporarle algunos ajustes. En particular, el enfoque de planeación de arriba hacia abajo, y el papel central que se le asigna a la burocracia rural son elementos que chocan con la posibilidad de estructurar soluciones concretas de largo plazo, que reconozcan la diversidad (social, étnica, institucional, biológica, cultural, agroclimática) del territorio nacional.[ii]
En otras palabras, los problemas productivos, sociales, económicos y ambientales de cada localidad, zona, o subregión (que se reconoce a sí misma como tal en función de temas comunes), demandan la participación directa y decisoria de los actores locales específicos en los procesos de solución que, en conjunto con ellos, se definan e instrumenten.
[i] Que articula simultáneamente aspectos sociales, económicos y ambientales en un territorio determinado.
[ii] Esto no significa que el gobierno renuncie a la rectoría del desarrollo que le impone la Constitución. Simplemente, que le imprima a la planeación del desarrollo, y a su instrumentación, modalidades participativas que ponen al actor local interesado (quien es además en teoría el beneficiario de la acción pública) en el centro del proceso. Esto se llama en la literatura empresarial y sociológica facultación o empoderamiento (un término literal que traduce el concepto de empowerment).
