El Artículo 54 Constitucional con peras y manzanas

 

El texto del Artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy breve. Su comprensión cabal es indispensable en el momento actual, porque de su correcta interpretación depende si se otorga o no a una sola fuerza política, por sí misma, el poder de modificar la Constitución, sin necesidad de consultar o debatir con otras fuerzas políticas.

 

Este Artículo se refiere a la distribución de los diputados plurinominales y a los límites que debe tener la representación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. El meollo de la discusión actual consiste en si se debe tomar la mención a “partidos políticos” en un sentido estrictamente literal, o si se debe interpretar que también incluye a “coaliciones”.

 

La integración de la Cámara de Diputados en México se hace mediante dos sistemas de representación: uno denominado de mayoría relativa que divide al país en 300 distritos, en el que se postulan candidatos en cada uno y gana el partido político o coalición que obtenga más votos obtenidos directamente en las urnas; y otro denominado de representación proporcional mediante el cual se asignan a los partidos políticos o coaliciones un número adicional de diputados -otros 200- de acuerdo con el porcentaje de votos totales a nivel nacional que obtuvieron en las urnas. En total, la Cámara tiene 500 diputados.

 

Este sistema mixto inició tímidamente en el país desde 1964, cuando se incorporaron los “diputados de partido”, y ha tenido innumerables modificaciones, motivadas por la necesidad de reflejar más fielmente la votación ciudadana, cuidando -en particular- la representación de las minorías.

 

Si sólo hubiera diputados por mayoría relativa, votados directamente en las urnas, un partido o coalición podría ganar todas las curules, con un porcentaje de votos totales a nivel nacional mucho menor al 100%. La representación proporcional busca equilibrar en alguna medida esta situación, al asignar asientos en proporción directa a los votos que obtuvo cada partido o coalición en las urnas, independientemente de si ganó o no algún distrito electoral por mayoría relativa.

 

Con estos antecedentes, veamos ahora qué dice el Artículo 54 Constitucional.

 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

 

       I.          Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

     II.          Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

   III.          Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

  IV.          Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

    V.          En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

  VI.          En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

 

Los textos que se resaltan en amarillo son la clave para entender e interpretar este Artículo. Si hacemos una interpretación literal, como quiere Morena, todo se refiere a “partido político”. No hay mención explícita a “coalición”. En ese caso, caeríamos en una situación absurda: ningún partido cumplió individualmente con la fracción (i), salvo Movimiento Ciudadano, porque no postuló a por menos 200 candidatos por mayoría relativa; por lo que no tendría derecho a la distribución de diputaciones plurinominales, y la Cámara no podría integrarse.

 

La pretensión de hacer una interpretación literal de este Artículo cae, además, por su propio peso, porque en los hechos, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya hizo una interpretación implícita de esta fracción (i) en el sentido de que los partidos, como coaliciones, sí habían cumplido con la presentación de más de 200 candidatos uninominales, y con eso bastaba para dar entrada -como lo hizo- a las listas plurinominales que presentaron cada partido.

 

Por lógica elemental, sin ser abogado constitucionalista, ni secretario de gobernación, ni presidente de la República, la interpretación de que “partido político” y “coalición” son conceptos asimilables -lo cual ya hizo en los hechos el INE- debe aplicarse al resto del texto del Artículo 54 Constitucional.

 

En consecuencia, la distribución de las diputaciones plurinominales, y los límites a la representación máxima en la Cámara de Diputados, debe aplicarse por “coalición”, y no por “partido político” como quiere Morena.

 

Al proceder de esta manera, Morena y sus satélites no alcanzan la mayoría relativa que desean para modificar por su cuenta la Constitución[1], y se refleja de mejor manera el voto ciudadano expresado en las urnas.

 

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[1] Con sus cuentas amañadas, Morena y sus satélites quieren adjudicarse 373 diputaciones, en vez de sujetarse al número máximo de 300 que señala el Artículo 54 Constitucional, inflando su votación en más del doble del nivel máximo de 8% que estipula este mismo Artículo.

Hay que hacer bien las cuentas en la distribución de diputados plurinominales

 Es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE) hacer la distribución de los diputados plurinominales entre los partidos y coaliciones que participaron en la elección federal de junio pasado. Pero el gobierno federal, en una muestra más del abuso de poder que lo ha caracterizado todo el sexenio, sacó sus propios cálculos, los difundió en la mañanera dos días después de las elecciones, y los está defendiendo con todos los medios a su alcance para influir en quienes tienen la atribución legal en la materia: el INE en primera instancia, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), si alguien se inconforma con la resolución del INE.

Como era de esperarse, los números del gobierno federal están adulterados. Esconden una trampa evidente. Veamos los hechos:

1. Los satélites de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no ganaron ni una sola diputación por mayoría relativa (o uninominal). Morena ganó 37 distritos en forma directa. El Partido Acción Nacional (PAN) ganó 3 distritos por mayoría relativa, Movimiento Ciudadano 1, y otro distrito fue para un candidato independiente debidamente registrado.

2. Como COALICIÓN, Morena, PT y PVEM, ganaron 219 distritos de un total de 300. En todos ellos, la votación mayoritaria fue para Morena. Es decir, como COALICIÓN, los satélites de Morena tampoco ganaron ni un sólo distrito electoral. Debemos recordar que la votación a una COALICIÓN  se registra inicialmente por partido, pero en virtud de la COALICIÓN, la distribución de diputaciones uninominales se pacta entre los participantes, independientemente de los votos que reciben. Por ese acuerdo entre partidos, que no deriva del porcentaje de votos que recibieron cada uno en las urnas, Morena "trasvasó" (para usar el término acuñado por Ciro Murayama) a sus satélites 95 diputaciones uninominales; esto es, el 43.4% de las diputaciones totales ganadas por Morena dentro de la COALICIÓN.

3. Independientemente de la adulteración del voto ciudadano expresado en las urnas, al darle una diputación uninominal a un partido que no ganó, la trampa de Morena consiste en hacer sus cuentas de distribución de diputados uninominales como COALICIÓN, y luego tratar de que la distribución de las diputaciones plurinominales (los otros 200 diputados) se haga por partido individual, tomando como base para el cálculo, no el resultado de la votación en las urnas para cada partido, sino la distribución administrativa que hicieron los partidos dentro de su COALICIÓN.

4. El resultado práctico sin la artimaña que pretende Morena es que, como COALICIÓN, a Morena y sus satélites correspondería un máximo de 42 diputados plurinominales, debido a que ganó 256 distritos electorales de mayoría relativa (37 directamente como Morena y 219 como COALICIÓN), y la Constitución fija como límite un máximo de 300 diputados en total, sumando uninominales y plurinominales.

5. En cambio, con los números tramposos de Morena, al "desinflar" el número de diputados que ganó Morena, e "inflar" el número de diputados de sus satélites, los tres partidos aspiran a ganar 117 diputaciones plurinominales, más del doble de las que realmente le corresponden.

6. Si se hacen todos los cálculos en forma congruente, tomando como base los resultados de las COALICIONES, Morena y sus satélites no alcanzan la mayoría calificada. Pero incluso, si se quisiera, por alguna extraña razón, hacer las cuentas -TODAS- como partidos individuales, tampoco alcanzaría Morena y sus satélites la mayoría calificada, porque la base de cálculo serían las diputaciones ganadas en las urnas por cada partido, y no la distribución administrativa que hicieron posteriormente (el "trasvase").

7. Si sólo fuera un asunto aritmético, con lo anterior quedaría resuelto el tema. Pero no hay que olvidar el fundamento y motivación de la Constitución y la ley electoral en este tema:

    a) En un país plural como México, es indispensable proteger los derechos políticos de las minorías.

    b) Ninguna fuerza política (partido político individual o coalición) debe tener el poder de cambiar por sí misma la Constitución Política del país (para lo cual requiere mayoría calificada en las dos cámaras). De ahí el límite infranqueable de 300 diputados. 

Hay que recordar lo que está en juego si se permite a Morena y sus satélites obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados:

• desaparición del Poder Judicial de la Federación como lo conocemos, sin que se resuelvan los problemas del sistema de procuración e impartición de justicia
• desaparición del INE y absorción de sus funciones por parte del gobierno federal (como antes de 1997)
• desaparición de organismos autónomos que acotan el poder presidencial, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que ha sido pieza clave para poner en evidencia los grandes casos de corrupción del gobierno
• permitir a nivel Constitucional la participación de las fuerzas armadas en todas las actividades públicas del país, con lo cual se generalizaría el manejo discrecional y opaco de los recursos públicos y se daría un paso definitivo hacia la militarización del país.

Todo lo anterior tendría, además, un enorme impacto en la relación de México con el exterior y, en particular, con sus principales socios comerciales. El flujo de inversión proveniente de la relocalización industrial ("nearshoring") podría desaparecer, y con ello, la expectativa de un crecimiento económico más acelerado, que es requisito indispensable para acabar con la pobreza.

Por favor, INE y TEPJF, hagamos bien las cuentas.

Carta abierta a Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza

Estimados compañeros Acosta Naranjo y Álvarez Icaza:

 Acudí al evento convocado por el Frente Cívico Nacional el pasado 6 de julio en el gimnasio Juan de la Barrera. Creo que los más de mil seiscientos asistentes compartimos la convicción de que el país necesita una ciudadanía más participativa. Se confirma el entusiasmo y las ganas de hacer algo. Esto fue lo más positivo del evento. Buenos discursos de Cecilia Soto y Guadalupe Acosta. Pero hay aspectos sobre los que debemos reflexionar para avanzar con pasos firmes.

La discusión en las mesas de trabajo no fue tal. En la mesa uno, que debía deliberar sobre la posibilidad de impulsar la organización de un nuevo partido político, se leyeron decenas de documentos con propuestas de todo tipo registradas previamente en línea por los participantes. Poco se logró escuchar porque el sonido fue pésimo y competía con el sonido generado en las otras dos mesas. No se discutió nada. De ahí se pasó a la plenaria en la que se hizo una relatoría de lo expresado en cada mesa, y finalmente se aprobó a mano alzada lo que Guadalupe Acosta había propuesto en su discurso inicial. 

Menciono el tema logístico y de método de trabajo porque no son asuntos menores. Si no nos podemos escuchar, no podemos dialogar. Si no tenemos claro lo que los ciudadanos de a pie podemos hacer desde ahora, y sólo se decide que los dirigentes visibles habrán de tomar el pulso nacional y luego nos dirán, el próximo 23 de noviembre lo que toca hacer, no estamos construyendo ciudadanía desde abajo.

Los ciudadanos debemos encontrar formas de comunicarnos horizontalmente, de reunirnos para deliberar sobre nuestros intereses comunes, en espacios territoriales acotados, en grupos que permitan deliberar y profundizar en los temas. 

No basta que los dirigentes visibles ofrezcan que la dirigencia futura no debe aspirar a ocupar cargos de elección popular, y que las candidaturas tendrán que salir de elecciones primarias con la participación de los militantes. Estos son, sin duda, aspectos operativos muy importantes, que generan confianza. Pero la definición de los aspectos sustantivos de una nueva organización política debe procesarse colectivamente, sin pausa, pero sin prisa.

Reitero la pregunta que les hice por X:  ¿cuál es la ruta crítica para llegar con un partido nuevo a las elecciones federales de 2027? 

Si tenemos claros los pasos y los tiempos, podremos incidir de mejor manera en el proceso, que debe ser transparente y abierto.

Fraternalmente,

Octavio Arellano

Voto razonado a favor de Xóchitl Gálvez

 

 

Querida Xóchitl:

 

El 29 de abril de 2018 publiqué en mi blog una carta parecida a ésta, titulada “Voto razonado por AMLO”. En ella le expresaba a Andrés Manuel mi decisión de votar por él, no porque fuera su fan ni miembro de Morena, sino como un “adepto crítico” a lo que yo entendía que era su propuesta: “…construir un país menos desigual, sin pobreza como objetivo social y económico central, con una participación activa y permanente de la gente común, en democracia, libertad y Estado de Derecho, con respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones y a las minorías, sin corrupción y violencia, para lograr un país más justo, más próspero y más soberano”. Le expresaba también mi convicción de que había llegado la hora para que México tuviera un gobierno de izquierda moderna (como lo han tenido Francia y Chile). También le manifestaba mi hartazgo con “…la misma política del PRIAN que nos tiene sumidos en el estancamiento y la pobreza, y basta ya de la corrupción e impunidad sistémicas que han prohijado”.

 

Seis años después, reconozco con tristeza y coraje que nuestro país perdió una gran oportunidad de ser mejor, en gran medida por el hambre de poder de un líder carismático que se volvió aprendiz de dictador, y que ha buscado destruir sistemáticamente todos los contrapesos institucionales al poder presidencial, instaurando la ineptitud y el servilismo como sello gubernamental.

 

Sigo creyendo que todos los partidos políticos, sin excepción, necesitan una reingeniería profunda para que sean las organizaciones de interés público que representen a la ciudadanía en las contiendas electorales, y no las burocracias doradas en que se han convertido todas sus dirigencias.

 

Entiendo que hoy, esto es lo que hay, y si has de ser presidenta -como estoy seguro de que lo serás-, habrá que tachar en la boleta a alguno de los tres partidos que te postularon. Yo, por mi parte, habré de tachar las siglas del PRD, simplemente porque para mí es el menos peor.

 

Espero que, una vez pasadas las elecciones, todos los partidos políticos, junto con tu gobierno y organizaciones sociales representativas, se aboquen a reformar a fondo el sistema político, a fin de que las dirigencias no se eternicen en sus cargos, que el dinero público que reciben los partidos sea completamente transparente y auditable, que se establezca la segunda ronda en las elecciones y se reglamenten los gobiernos de coalición.

 

Nada ejemplifica mejor el tipo de política que ya no queremos los ciudadanos que “el acuerdo” firmado entre las dirigencias del PRI y del PAN para unir esfuerzos en la elección gubernamental de Coahuila, a partir de la distribución del “botín”: cargos con acceso a recursos públicos, candidaturas, y otras prebendas. No hay ideas ni proyectos. Es el típico acuerdo en lo “oscurito” que, para colmo, el dirigente del PAN consideró algo tan normal que le pareció adecuado ventilarlo públicamente para reclamarle al dirigente del PRI su incumplimiento. Si hubieran tenido un mínimo de dignidad, ambos dirigentes hubieran pedido disculpas públicas y renunciado a sus cargos, junto con sus dirigencias. Es indispensable que las militancias verdaderas rescaten a sus partidos después de las elecciones, pero van a necesitar apoyo de tu gobierno y de la ciudadanía organizada.

 

En el accidentado proceso que te llevó a ser seleccionada como la candidata presidencial de la oposición, quedó claro que la ciudadanía libre, sin partido, está de tu lado. Somos muchos más que todos los partidos juntos, y te vamos a llevar a la presidencia. Siéntete respaldada y no aceptes ninguna imposición a nombre del gobierno de coalición.

 

Como ciudadano libre sin partido, voy a votar por ti porque creo que eres una candidata de carne y hueso, que actúa con naturalidad y empatía, sensible e inteligente, y con gran capacidad y disposición para aprender. Tienes valor y valores, y no vas a rehuir ninguna tarea necesaria, por difícil que parezca. Tu historia de vida te avala, por más esfuerzos que ha hecho el presidente y su partido para desvirtuarla. Tienes la humildad para reconocer que no eres experta en todo y habrás de aceptar la ayuda de quienes sepan más que tú. Ni ladrones, ni huevones, ni pendejos habrá en tu gobierno, en claro contraste con el gobierno actual que -como bien dice María Amparo Casar- sí robó, sí engañó, y sí traicionó.

 

Sabrás gobernar con firmeza y delicadeza, y nos harás sentir orgullosos de tener una presidenta de clase mundial, que le hable sin complejos al resto del mundo. Y le podrás decir a Biden, cuando ambos ya sean presidentes, “you have to walk the talk”.

 

Aprovechando el viaje, y para no alargarme demasiado, incluyo a continuación un par de esquemas con algunas ideas que tal vez sean de tu interés y de tu equipo. Y también las referencias de textos que publiqué en febrero y marzo pasados, sobre la transición energética y la oportunidad de desarrollar hubs de energías renovables e hidrógeno verde[1], los puertos marítimos como palanca de desarrollo[2], y el establecimiento de un fondo de cohesión estilo europeo para México[3].

Abrazo solidario, 

Octavo Arellano

 

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[1] https://reflexion-oar.blogspot.com/2024/02/el-papel-de-la-transicion-energetica-en.html.

[2] https://reflexion-oar.blogspot.com/2024/02/papel-de-los-puertos-maritimos-en-el.html.

[3] https://reflexion-oar.blogspot.com/2024/03/un-fondo-de-cohesion-para-mexico.html.

Un fondo de cohesión para México

 

La política de cohesión está en el centro del proyecto unificador de Europa. Supone no dejar a nadie atrás, promover condiciones para el desarrollo sustentable y sostenido de todos los países miembros, y de sus regiones dentro de ellos, con énfasis en los países y regiones más rezagados, a fin de fortalecer el orgullo y sentido de pertenencia a la Unión Europea (UE). En los últimos 34 años (1989-2023), se han invertido 30.5 mil millones de euros en promedio anual para apoyar la política de cohesión en la UE. Y para el ejercicio correspondiente al periodo 2021-2027, se han presupuestado 56.5 mil millones de euros en promedio anual con el mismo propósito.

 

Tal como se afirma en el informe del grupo de expertos que ha examinado el futuro de la política de cohesión[1], se trata de la política de desarrollo territorial más amplia y exitosa del mundo, y la de mayor presupuesto destinado a reducir las disparidades en el desarrollo entre regiones. La política de cohesión ha permitido el crecimiento en el número de países miembros de la Unión Europea sin mayores sobresaltos, ya que ha sido una herramienta eficaz para elevar el crecimiento económico de los nuevos miembros, a tasas muy superiores a las que cada uno por su cuenta hubiera podido obtener.

 

Algunos ejemplos aparecen en el cuadro 1 siguiente. La medición que ha utilizado la UE para determinar cuáles países están rezagados, se refiere al porcentaje que el PIB per cápita de cada país representa del PIB per cápita de la UE. Si un país se encuentra en un nivel inferior al 75% del PIB per cápita promedio de la UE, entonces es elegible para recibir recursos de un conjunto de programas e instrumentos que son parte de la política de cohesión europea. En 2020, 13 países miembros de la UE registraban un PIB per cápita inferior al 75% del PIB per cápita promedio de la UE. En el cuadro aparecen nueve de ellos, que ingresaron a la UE entre 2004 y 2007, y que recibieron inversiones anuales muy significativas entre 2010 y 2020, equivalentes a entre el 3.5% del PIB de Bulgaria y el 1.1% de Eslovenia, cada año. Estas inversiones indujeron un crecimiento en el PIB de los países apoyados del orden de un 6.6% (de Letonia, Estonia y República Checa) a un 1.7% (de Eslovenia) cada año, dependiendo del efecto multiplicador que tuvieron dichas inversiones en cada país[2]. Se aprecia que a mayor rezago corresponde un nivel de inversión mayor, como proporción del PIB de cada país, lo cual es consistente con el propósito de ayudar a cerrar la brecha que existe entre los países más rezagados y los de mayor desarrollo relativo. Algunos casos de gran éxito han sido Lituania, Estonia y Letonia.

 

Cuadro 1

Fondos Estructurales y de Cohesión en la Unión Europea, 2010-2020
Países miembros de la Unión Europea	% del PIB per cápita promedio de la Unión Europea		Dif 2020-2010 en puntos porcentuales	Fondos estructurales y de cohesión recibidos como % del PIB  (2010 a 2020)	Incremento en el PIB inducido por fondos estructurales y de cohesión recibidos (2010 a 2020)	Multiplicador de la inversión
	2010	2020
Bulgaria	21.5%	26.0%	4%	35.34%	44.03%	1.25
Rumania	26.1%	34.9%	9%	nd	nd
Croacia	39.9%	41.0%	1%	nd	nd
Hungría	38.7%	46.2%	8%	24.17%	42.10%	1.74
Polonia	37.2%	47.1%	10%	25.21%	44.64%	1.77
Letonia (Latvia)	37.3%	50.0%	13%	28.46%	66.37%	2.33
Lituania	38.0%	55.0%	17%	23.14%	65.14%	2.82
República Eslovaca	49.5%	55.7%	6%	22.11%	46.29%	2.09
Grecia	73.9%	56.3%	-18%	nd	nd
República Checa	56.6%	61.2%	5%	19.45%	65.89%	3.39
Estonia	50.0%	63.7%	14%	21.27%	66.12%	3.11
Portugal	67.4%	64.2%	-3%	nd	nd
Eslovenia	70.6%	73.9%	3%	11.36%	17.19%	1.51
FUENTES: Elaboración propia con base en datos de Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial, octubre 2021, y Analysis of the Impact of Cohesion Policy, John Bradley, et al, 2007.

 

Forman parte de la política de cohesión diversas herramientas e instrumentos que se han desarrollado en los últimos 30 años para atender los énfasis de cada etapa histórica de la UE, y que fueron pioneros en su momento: los fondos estructurales, las estrategias de especialización inteligente, los programas de desarrollo local conducidos por la comunidad, las inversiones territoriales integradas, y el fondo para la transición justa. Pero es en la combinación ordenada y coherente de ellos donde radica la mayor eficacia de la política de cohesión.

 

El financiamiento de la política de cohesión se hace con el presupuesto propio de la UE, que a su vez se integra por varias fuentes: aportaciones de los países miembros en función de su PIB, impuesto ad valorem a las importaciones provenientes de fuera de la UE, proporción del IVA recaudado por los países miembros, el impuesto de ajuste en frontera por las emisiones de carbono de los productos importados, y algunos otros ingresos menores (como multas por infracciones a las normas de la UE). En conjunto, el presupuesto de la UE representa del orden de un 1% del PIB sumado de los países miembros. Alrededor del 30% se destina a la política de cohesión.

 

Las numerosas lecciones aprendidas por la UE en los más de 30 años de aplicar programas e instrumentos dentro de su política de cohesión son de enorme valía para los países que en otras latitudes se propongan hacer algo semejante. Entre ellas, cabe mencionar las siguientes:

 

·       No hay soluciones “uni-talla” (one-size-fits-all), sino que cada ámbito territorial tiene sus particularidades, y el planteamiento de desarrollo debe basarse en ellas, con intervención directa de las partes interesadas (stakeholders), y una visión holística y de futuro.

 

·       La certeza de que se dispondrá de fondos para impulsar estrategias de desarrollo multisectoriales y multianuales, permite planear a largo plazo y promover la concurrencia coordinada de inversiones adicionales públicas y privadas.

 

·       Los conceptos de inversión se han concentrado en infraestructura, desarrollo institucional, desarrollo de capacidades e innovación, y de forma creciente, en proyectos productivos específicos, que aprovechan los activos y fortalezas locales.

 

·       Los sujetos de apoyo son actores públicos y privados que presentan proyectos que cumplen con criterios de elegibilidad y son elaborados y evaluados conforme a reglas de operación explícitas[3]. En su ejecución, los proyectos deben observar “condicionalidades” que buscan asegurar el logro de los objetivos planteados, entre otras, aceptar un monitoreo sistemático.

 

·       La gobernanza que funciona para instrumentar la política de cohesión es multinivel (UE, país, región), donde cada instancia tiene un papel definido, con procesos transparentes de toma de decisiones y rendición de cuentas, en los que participan actores privados y de la sociedad civil.

 

·       El enfoque territorial es propicio para la integración de programas e instrumentos diversos a fin de alcanzar objetivos compartidos, evitando que las visiones sectoriales dispersas generen acciones desconectadas poco efectivas, e incluso contradictorias.

 

·       El ámbito territorial de intervención se refiere a la región rezagada y al ecosistema territorial en que está inserta, así como al ecosistema que debe desarrollarse para asegurar la vinculación con redes de conocimiento e innovación, y con cadenas globales de valor (CGV).

 

·       La instrumentación de varios proyectos simultáneos sobre un territorio se facilita con la elaboración inicial de un marco estratégico y con el establecimiento de agencias locales que actúen como gestores y catalizadores del proceso.

 

Una política de cohesión semejante a la de la UE podría diseñarse y aplicarse en el caso de México como una palanca robusta para potenciar el crecimiento económico con motores internos e impulsar un desarrollo regional más equilibrado a lo largo y ancho del país, con énfasis en las zonas más rezagadas.

 

El momento es propicio. En unos meses iniciará un nuevo gobierno federal y se encontrará con que desaparecieron prácticamente todos los programas públicos de apoyo a las actividades productivas que existían hace seis años. Y se abre, por tanto, la oportunidad de rediseñar la estrategia de apoyo al crecimiento económico sobre nuevas bases. No se trata, desde luego, simplemente de restaurar los programas que existían antes, que tenían sus propios defectos.

 

Antes del gobierno federal actual, proliferaban programas sectoriales con objetivos parciales y limitados, que tenían fondos reducidos e inciertos en cuanto a su permanencia, con reglas distintas, a cargo de diversas dependencias y entidades públicas, de dudosa eficacia y con una operación muchas veces clientelar, no exenta de corrupción.

 

Así, por ejemplo, antes había apoyos selectivos al campo que subsidiaban parcialmente la compra de un tractor, pero no era posible integrar un paquete de apoyos que permitieran desarrollar unidades de riego del orden de 100 hectáreas, que incluyera el pozo, la infraestructura de riego presurizado, la infraestructura de almacenamiento, la asistencia técnica para la organización de productores y la introducción de un segundo cultivo anual (maíz y sorgo). No había manera de combinar programas distintos con reglas diferentes. Si se trataba de capitalizar una empresa rural, no había modo de combinar recursos de FONAES, que coordinaba la Secretaría de Economía, con fondos de FOCIR, a cargo de la Secretaría de Hacienda. O, en el caso del sector pesquero, había apoyo para subsidiar parcialmente la compra de un motor fuera de borda, pero no para proyectos de maricultura/acuacultura de cierta escala que generaran una opción a los pescadores ribereños y redujeran la sobreexplotación en la captura. O, en el caso de ejidos y comunidades forestales con superficies de 50 mil hectáreas o más (como hay muchos en el Sur y Sureste del país), que no podían hacer una planeación adecuada del aprovechamiento del bosque porque CONAFOR sólo apoyaba estudios dasonómicos de un máximo de 5 mil hectáreas por año, y como sólo se autorizaba cortar en las superficies con estudio, que no generaban suficiente ingreso para el ejido, esta limitación se tradujo en la práctica en la tala ilegal del resto de la superficie.

 

Los fondos disponibles eran “curitas” que daban apoyos pequeños atomizados, pero no estaban diseñados para inducir cambios cualitativos más amplios.

 

La oportunidad hoy es optar por un mecanismo que cuente con recursos anuales suficientes y ciertos para apoyar proyectos productivos públicos, privados y sociales, con un enfoque regional integral de largo plazo, en el que tenga un papel central la comunidad local, sus activos y fortalezas, y se orienten a generar condiciones para un desarrollo sustentable y sostenido de los territorios intervenidos.

 

A fin de darle la fortaleza necesaria, el “Fondo Mexicano de Cohesión” (FMC) tendría como fundamento una ley propia de creación, para asegurar sus fuentes de financiamiento interno y estar abierto a recibir recursos concesionales del exterior (por ejemplo, para proyectos “verdes”); para formalizar su estructura administrativa, y establecer con toda claridad su objetivo de impulsar el desarrollo sustentable y sostenible en las diferentes regiones del país, con énfasis en las más rezagadas.

 

Es imprescindible que los recursos que capte el FMC sean nuevos y no dependan de decisiones administrativas de múltiples dependencias y entidades. También es necesario que los recursos anuales, sus recuperaciones, y los recursos del exterior que pudieran obtenerse formen parte de un patrimonio creciente del FMC y que no se tengan que regresar a la SHCP si no se gastan en su totalidad en cada ejercicio anual. Para ello, la figura del fideicomiso es idónea, y podría establecerse en la banca de desarrollo.

 

Una primera revisión de las fuentes potenciales de recursos para el FMC llevó a la identificación de tres instrumentos de corto plazo y uno de mediano plazo, que podrían generar una bolsa anual del orden de 1% del PIB nacional (véase el Cuadro 2).[4] La estimación se hizo al inicio de 2022, con datos de 2019 y 2020. Entonces, un punto porcentual del PIB nacional equivalía a poco más de 200 mil millones de pesos.

 

Cuadro 2

Fuentes potenciales de financiamiento para el Fondo Mexicano de Cohesión
Origen	Aplicación	Alcance	Observaciones	Plazo
Impuesto ad valorem a todas las importaciones de bienes	1%	Generaría del orden de 90 mil millones de pesos (con base en valor de importaciones 2019)	El artículo 131 Constitucional faculta a la Federación para gravar las importaciones del país. Podría requerir negociación por T-MEC y otros tratados internacionales.	Corto plazo
Impuesto al carbono	Un peso por litro de gasolinas y diesel consumido por el autotransporte nacional	Generaría del orden de 59 mil millones de pesos (con base en consumo de 2019), lo cual equivale a 21 USD/Ton de CO2 equivalente	De fácil aplicación administrativa. No incluye turbosina. Impuestos semejantes se discuten en el Congreso de EU. Propuestas van de 20 a 300 USD/Ton de CO2 a lo largo de los próximos 30 años.	Corto plazo
Impuesto al valor agregado	Un punto porcentual adicional al impuesto federal actual (no incluye lo que no se grava hoy)	Generaría del orden de 58 mil millones de pesos (con base en la recaudación por este concepto de 2019)	De fácil aplicación administrativa.	Corto plazo
Impuesto a la riqueza	Varias opciones de tasas (1% a 3.5%) por rangos de valor del patrimonio, con un monto mínimo exento (entre 20 y 200 millones de pesos)	Según diversas estimaciones, podría recaudar hasta el equivalente al 1% anual del PIB: 233 mil millones de pesos de 2020	No es de corto plazo. Requiere la modernización de los catastros. Se puede iniciar de manera escalonada, empezando por los "super-ricos".	Mediano plazo
FUENTES: Información oficial de SHCP, SENER, Instituto Nacional de Ecología, INEGI, OXFAM, Millionaires for Humanity, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.

 

El monto anual del FMC tendría una primera “predistribución”, asignando montos a cada entidad federativa en función de su nivel de rezago frente al promedio nacional, siguiendo la pauta del criterio de la UE: el porcentaje del PIB estatal per cápita en relación con el PIB nacional per cápita. Podría también incorporarse un segundo criterio, a fin de dar un mayor peso específico al nivel de industrialización de cada entidad federativa: el porcentaje del PIB manufacturero estatal per cápita en el PIB manufacturero nacional per cápita. Los Cuadros 3 y 4 siguientes ilustran cuál era la situación en 2020.[5]

 

                                                      Cuadro 3

Entidades Federativas, sin minería petrolera	2010	2020	Dif 2020-2010 en puntos porcentuales
	% del PIB per cápita promedio nacional
Chiapas	44%	36%	-9%
Oaxaca	50%	47%	-4%
Guerrero	53%	50%	-3%
Tlaxcala	64%	55%	-9%
Hidalgo	65%	64%	-1%
Puebla	68%	65%	-3%
Michoacán de Ocampo	64%	67%	4%
Nayarit	76%	70%	-6%
México	68%	71%	3%
Veracruz de Ignacio de la Llave	74%	71%	-3%
Zacatecas	82%	73%	-9%
Morelos	83%	73%	-9%
Tabasco	88%	78%	-10%
Durango	87%	84%	-3%
Yucatán	84%	85%	0%
Campeche	136%	85%	-51%
Guanajuato	79%	86%	6%
Quintana Roo	124%	96%	-28%
San Luis Potosí	88%	97%	10%
Sinaloa	95%	99%	4%
Estados Unidos Mexicanos	100%	100%	0%
Tamaulipas	111%	106%	-5%
Jalisco	106%	109%	3%
Colima	106%	112%	6%
Aguascalientes	108%	116%	8%
Chihuahua	103%	116%	13%
Baja California	114%	119%	5%
Baja California Sur	146%	123%	-23%
Querétaro	132%	125%	-7%
Coahuila de Zaragoza	149%	137%	-12%
Sonora	136%	151%	14%
Nuevo León	184%	175%	-9%
Ciudad de México	233%	250%	17%

 

 

                                                             Cuadro 4

Entidades Federativas	2010	2020	Dif 2020-2010 en puntos porcentuales
	% del PIB manufacturero per cápita promedio nacional
Guerrero	7%	8%	1%
Quintana Roo	15%	12%	-4%
Campeche	12%	13%	0%
Baja California Sur	13%	13%	0%
Chiapas	17%	16%	-1%
Nayarit	22%	23%	1%
Oaxaca	25%	26%	1%
Colima	24%	26%	2%
Michoacán de Ocampo	33%	40%	6%
Zacatecas	48%	48%	1%
Sinaloa	45%	51%	6%
Veracruz de Ignacio de la Llave	63%	65%	3%
Morelos	71%	67%	-4%
Hidalgo	80%	69%	-11%
México	73%	72%	-1%
Yucatán	72%	73%	1%
Ciudad de México	71%	75.3%	4%
Tlaxcala	79%	77%	-2%
Tabasco	63%	78%	15%
Durango	77%	79%	2%
Puebla	98%	90%	-8%
Estados Unidos Mexicanos	100%	100%	0%
Guanajuato	123%	128%	5%
Jalisco	137%	134%	-2%
Tamaulipas	133%	143%	10%
San Luis Potosí	157%	164%	7%
Baja California	178%	181%	3%
Chihuahua	170%	182%	12%
Sonora	186%	189%	2%
Aguascalientes	213%	191%	-22%
Querétaro	240%	201%	-39%
Nuevo León	269%	240%	-28%
Coahuila de Zaragoza	326%	301%	-26%
FUENTE: Elaboración propia con base en información de Cuentas Nacionales, INEGI.

 

Sin duda, la pandemia ha tenido un efecto en el PIB del país y de las entidades federativas. La drástica caída del turismo, por ejemplo, significó una fuerte reducción del PIB per cápita en Quintana Roo. Los estados más integrados al mercado norteamericano también registraron disminuciones importantes en su PIB per cápita por la reducción en la demanda proveniente de Estados Unidos. Pero, en general, la posición de cada entidad federativa frente al promedio nacional es probablemente representativa de la situación actual.

 

La primera “predistribución” asignaría recursos del FMC de manera que las entidades federativas más rezagadas (de menor PIB per cápita y PIB manufacturero per cápita con respecto al promedio nacional) recibieran una mayor proporción en función de sus PIBs estatales. Así, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían estar recibiendo recursos anuales equivalentes al 5% de sus respectivos PIBs, y el estado de México sólo el 1%, y los montos absolutos podrían ser similares. Lo importante de este primer ejercicio es que reconoce la necesidad de ayudar más a quien más lo necesita y fija los montos sobre los cuales cada entidad federativa puede planear a largo plazo.

 

Una segunda distribución correspondería a la negociación entre los tres órdenes de gobierno acerca de los territorios y proyectos específicos que se habrían de apoyar con los montos que correspondieran a cada entidad federativa, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el FMC, y la visión de desarrollo integral a largo plazo que habrá de construirse en la próxima administración federal[6]. En este proceso se tomarían en cuenta las propuestas de las propias comunidades y actores locales. Seguramente, no todos los recursos podrán asignarse desde el inicio a proyectos concretos, por lo que se podrían definir programas específicos que reciban solicitudes sobre una base concursal transparente, a fin de que se puedan apoyar los mejores proyectos, fomentando la participación local organizada.

 

Las asignaciones de recursos podrán ser multianuales, ya que cada entidad federativa recibiría en los años siguientes, montos similares a los del primer año. La distribución entre entidades federativas se iría modificando gradualmente conforme variara su posición relativa frente al promedio nacional.

 

Algunos ejemplos de rubros susceptibles de apoyo serían los siguientes:

 

·       Clusters industriales de pequeñas y medianas empresas con esquemas de gobernanza de cuádruple hélice (empresas, academia, gobierno y sociedad civil) y programas de inserción en cadenas globales de valor (CGV)

 

·       Zonas promotoras de la relocalización de empresas (nearshoring), con infraestructura suficiente de energía limpia y de agua, con parques industriales, zona urbana con servicios de calidad para los trabajadores, programa de desarrollo de capacidades y capacitación para el trabajo, conectividad física y digital, así como programas para desarrollar encadenamientos productivos locales, que vinculen a las grandes empresas nacionales y extranjeras con empresas medianas y pequeñas proveedoras

 

·       Clusters de emprendedurismo, con desarrollo institucional de incubadoras y aceleradoras de empresas, vinculadas a universidades y fuentes de financiamiento complementarias adecuadas (inversionistas ángeles y de capital de riesgo, banca de desarrollo)

 

·       Diversificación económica en comunidades indígenas, áreas naturales protegidas, y grandes ejidos y comunidades forestales, a fin de que sus pobladores puedan aprovechar y agregar valor a sus activos culturales y naturales en su beneficio de manera sustentable

 

·       Desarrollo de proyectos de maricultura/acuacultura de escala en comunidades de pescadores ribereños, incluyendo su eslabonamiento comercial y cadena de frío

 

·       Apoyo a esquemas de asociación entre empresas agroindustriales y productores primarios, para aumentar y mejorar la producción y generar mayor valor agregado para ambas partes; fortalecer organizaciones de productores primarios para que comercialicen mejor y agreguen valor a sus productos

 

·       Reconversión de sitios en que la o las industrias ancla se vuelven obsoletas o se cierran (como el caso del cierre de la refinería de Cadereyta o la caída en la actividad petrolera costa afuera con base en Cd. del Carmen, Campeche)

 

·       Impulso a Hubs de producción de energía renovable (eólica y solar) y de producción de hidrógeno verde para usos múltiples (mezcla con gas natural para abastecer plantas de energía eléctrica, sustitución del hidrógeno gris que se consume en las refinerías y otras industrias químicas, producción de combustibles limpios -metanol, amoniaco-, entre otros), vinculados a regiones litorales para asegurar acceso al agua y salida a la exportación por vía marítima.

 

Habría que empezar a trabajar en los aspectos técnicos, legales y operativos de mayor detalle, a fin de que la presentación y aprobación del FMC ocurriera este mismo año, y pudiera empezar a funcionar en 2025.

 

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[1] Véase Forging a sustainable future together: cohesion for a competitive and inclusive Europe; Report of the high-level group on the future of cohesion policy. Comisión Europea, febrero 2024.

[2] El efecto multiplicador varía en función de las condiciones previas del lugar en que se reciben las inversiones, así como según los conceptos en que se invierte, y la pertinencia de la estrategia de desarrollo adoptada.

[3] Si bien los proyectos de mayor tamaño no entran en un proceso concursal, porque son inicialmente seleccionados por cada país, sí pueden ser rechazados cuando no cumplen con los criterios de elegibilidad.

[4] Véase “Propuesta para reducir la desigualdad territorial en México”, enero 2022. https://reflexion-oar.blogspot.com/2022/01/propuesta-para-reducir-la-desigualdad.html.

[5] Cabe mencionar que la estimación se hizo excluyendo en todos los casos el rubro de minería petrolera, ya que su inclusión distorsionaba de manera importante los números de los estados de Campeche y Tabasco.

[6] Construir una visión sobre el desarrollo integral (económico, social, ambiental, territorial) del país, que sea compartida por los actores gubernamentales de los tres órdenes (federal, estatal, municipal), por las empresas privadas y sociales, y por la sociedad civil, sigue siendo una asignatura pendiente. Su elaboración es ineludible para dar dirección a las acciones de la sociedad en su conjunto, para dar un orden de prioridad a las inversiones públicas y privadas, generar el marco estratégico de los programas territoriales y sectoriales de mayor detalle.