Otra
crítica recurrente a los planteamientos de López Obrador se refiere a que
propone establecer “precios de garantía” para un conjunto de productos
agropecuarios (granos básicos[1], oleaginosas[2], huevo, productos lácteos
y cárnicos), así como alcanzar la “autosuficiencia” en ellos.
Tanto
Meade como Anaya han querido identificar los términos “precios de garantía” y
“autosuficiencia” como indicación de que se quiere regresar a un sistema de
apoyo a la producción y comercialización agropecuaria en el cual el gobierno
federal controlaba insumos, compraba cosechas, y definía sus respectivos
precios. Para ello, contaba con empresas
productoras de semillas y fertilizantes, con bodegas, y con un marco legal y financiero
que le permitía ser actor preponderante.
Este sistema se cayó a pedazos por ineficiente y corrupto desde la
década de los noventa en el siglo pasado, pero en su lugar, el gobierno federal
tardó muchos años en generar un esquema alternativo. El nuevo sistema de
producción y comercialización agropecuaria que se ha ido conformando
gradualmente se caracteriza por una amplia participación privada, por un rezago
creciente del sector social, y por una intervención pública dispersa, poco
eficaz, a través de numerosos programas inconexos y cambiantes.
Con
una simple lectura de las propuestas en materia de política agropecuaria que
hace López Obrador en su Proyecto de Nación, cualquiera puede darse cuenta que
el planteamiento de política agropecuaria es mucho más completo y no tiene nada
que ver con la idea simplista que quieren difundir los contrincantes políticos
sobre “regresar a esquemas caducos del pasado”.
De
hecho, el término “precios de garantía” no aparece en el documento[3] más que con relación a la
propuesta para el sector lechero, en la cual se señala textualmente la
intención de “fijar un precio de garantía
que lo convierta en un negocio redituable …”. Regresaré a este punto más
adelante. Primero me referiré a la propuesta para los granos básicos y
oleaginosas.
Para
los granos básicos y oleaginosas, lo que se propone es “establecer un sistema multianual de precios piso … y de
certidumbre en la comercialización de las cosechas”. Y este es el tipo de mecanismos que se utilizan
en la mayoría de los países de economía de mercado que tienen una producción
agrícola importante. En Estados Unidos,
uno de los países más rigurosamente reglamentado en materia de producción y
comercialización agropecuaria, cada cinco años se discute y aprueba en el
Congreso una ley para la producción y comercialización en el campo (denominada Farm Bill), que contiene entre otras
muchas cosas la previsión de pagos y préstamos (en gran medida subsidiados) que
se hará a los productores agropecuarios para asegurarles un ingreso mínimo
dentro de un funcionamiento ordenado de los mercados.
Conforme
a la Farm Bill 2014, los pagos y
préstamos se cubren a los siguientes productos (commodities): trigo, avena,
cebada, maíz, sorgo, arroz, soya, girasol, canola, cártamo, linaza, semillas de
mostaza, ajonjolí, chícharo, lentejas, garbanzos y cacahuates. Y son dos los programas básicos: la cobertura por pérdida de precio (Price Loss Coverage, PLC), y la
cobertura por riesgo agrícola (Agriculture
Risk Coverage, ARC). El productor
debe escoger entre uno u otro, según su situación particular. El primero le paga si el precio efectivo que
recibe es menor al precio de referencia[4] fijado en el Farm Bill. El precio efectivo, a su vez, es el mayor
entre dos precios: el promedio de
mercado del año en que se comercializa y el que se utiliza para la tasa
promedio nacional de préstamos. El
segundo programa es un seguro que se otorga a la producción por condados (county), y se paga cuando el ingreso
recibido por la cosecha del condado en su primera comercialización es menor al
monto asegurado. En adición a estos
apoyos, el gobierno federal también otorga préstamos de corto plazo (nueve
meses) y tasas bajas, para que los productores puedan almacenar sus cosechas y
venderlas cuando los precios en el mercado les resulten más convenientes.
ASERCA
(Asesoría y Servicios para la Comercialización Agropecuaria, entidad
desconcentrada de la SAGARPA) administra los precios de comercialización de los
principales granos y oleaginosas tomando los precios de referencia en Estados
Unidos y sumándole los costos logísticos de traer el producto a México. A ese precio, el consumidor nacional de
granos y oleaginosas (las industrias tortillera, panificadora, aceitera, etc.)
sería indiferente entre comprar el insumo dentro del país o importarlo, así que
opta por comprar primero las cosechas nacionales y, después, si su demanda es
mayor, importar los volúmenes complementarios que requiere. Cabe resaltar que, en su calidad de commodities y en virtud de los numerosos
acuerdos comerciales que ha suscrito México con otros países -particularmente
el que tiene con Estados Unidos y Canadá-, estos granos y oleaginosas se
comercializan internacionalmente libres de aranceles.
Así
que hablar de precios de garantía (como denominación genérica de los distintos
esquemas de apoyo a la producción y comercialización agropecuaria) no tiene
nada de extraordinario. Es la práctica
común en el mundo y en México.
Por
lo que se refiere a la “autosuficiencia alimentaria”, en el Proyecto de Nación
se manejan tres conceptos: seguridad
alimentaria, soberanía alimentaria y autosuficiencia alimentaria. Éste último es quizá el concepto más antiguo
y limitado, ya que sólo se refiere a la capacidad del país para satisfacer sus
necesidades alimenticias mediante la producción local. Su énfasis, de acuerdo con la definición de
la FAO, está en no depender del exterior.
En
la publicación Seguridad y Soberanía Alimentaria, FAO, 2013, se menciona
que “Existe seguridad alimentaria cuando
todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a
suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una
vida activa y sana”. Este concepto
es más amplio que el anterior, ya que no sólo se refiere a la capacidad
productiva del país (oferta), sino también a la capacidad de compra de los
habitantes (demanda), y por tanto a su desarrollo social (empleo, ingresos), y
el funcionamiento de los sistemas de distribución de alimentos.
En
esta misma fuente de información se define el significado del concepto
“soberanía alimentaria”, que es un concepto aún más amplio que el de seguridad
alimentaria, en los siguientes términos:
“… la soberanía alimentaria
descansa sobre seis pilares:
1.
Se
centra en alimentos para los pueblos: a) Pone la necesidad de alimentación de
las personas en el centro de las políticas. b) Insiste en que la comida es algo
más que una mercancía.
2. Pone en valor a los proveedores de
alimentos: a) Apoya modos de vida sostenibles. b) Respeta el trabajo de todos
los proveedores de alimentos.
3. Localiza los sistemas alimentarios: a)
Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. b) Rechaza
el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. c) Resiste la dependencia
de corporaciones remotas e irresponsables.
4. Sitúa el control a nivel local: a) Lugares
de control están en manos de proveedores locales de alimentos. b) Reconoce la
necesidad de habitar y compartir territorios. c) Rechaza la privatización de
los recursos naturales.
5. Promueve el conocimiento y las
habilidades: a) Se basa en los conocimientos tradicionales. b) Utiliza la
investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones
futuras. c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas
alimentarios locales.
6. Es compatible con la naturaleza: a)
Maximiza las contribuciones de los ecosistemas. b) mejora la capacidad de
recuperación. c) Rechaza el uso intensivo de energías de monocultivo
industrializado y demás métodos destructivos.”
Mientras
que “seguridad alimentaria” es un concepto neutro en cuanto a la correlación de
fuerzas, el “… concepto de soberanía
alimentaria parte justamente de constatar la asimetría del poder en los distintos
mercados y espacios de poder involucrados, así como en los ámbitos de las
negociaciones comerciales multilaterales. Apela, entonces, al papel
equilibrador que puede jugar un Estado democrático, y concibe que los alimentos
son más que mercancías”.
Una
primera recomendación sería que se adopte “soberanía alimentaria” como concepto
rector en la política agropecuaria del Proyecto de Nación, en virtud de que es
más amplio que los otros dos, y reconoce explícitamente la asimetría de poder
que existe entre los diversos actores que participan en las actividades de
producción y comercialización agropecuaria.
Dentro
de este enfoque, es posible incluir el programa de seguridad alimentaria que se
describe en el Proyecto de Nación como un sistema integral para pequeños
productores agrícolas y campesinos que viven en pobreza y pobreza extrema, que
comprende seis servicios públicos básicos[5]:
a) Asistencia
técnica y capacitación para la innovación tecnológica,
b)
Organización,
c)
Comercialización,
d)
Financiamiento,
e)
Infraestructura,
f) Vinculación
efectiva con programas de desarrollo social.
Asimismo,
cabe el propósito de autosuficiencia alimentaria sustentable que buscaría
reducir la dependencia del exterior en granos básicos y oleaginosas mediante
cuatro estrategias principales:
a) El
incremento en la productividad mediante la transición a sistemas
agroecológicos,
b)
El incremento del potencial productivo en las
zonas de riego,
c)
La reducción de siniestros y pérdidas
poscosecha, y
d) El
incremento en la superficie de riego.
Cabe
mencionar que la política agropecuaria contenida en el Proyecto de Nación, al
igual que otras secciones del documento, parece haber sido confeccionada por
plumas distintas, responsables de componentes específicos, que se incluyeron
tal cual sin un ejercicio de congruencia y articulación.
Así,
por ejemplo, se plantea bajo la denominación de “Rescate del campo”, un
proyecto con una meta ambiciosa de plantar un millón de hectáreas de árboles
maderables y frutales, particularmente en el Sur-Sureste y las Huastecas, con
un enfoque ecológico agroforestal, que complementa las actividades productivas
de los pobladores del campo, y tiene objetivos diversos: capitalizar las unidades de producción,
generar empleos e ingresos, reducir importaciones, conservación ambiental y
combate al cambio climático.
Otros
programas son: (i) el programa nacional
de jornaleros agrícolas; (ii) investigación, transferencia de tecnología e
innovación agrícola; (iii) sistemas agroalimentarios para el desarrollo
regional; (iv) fomento a la ganadería
sustentable con integración de cadenas de valor; (v) nuevo sistema de
financiamiento rural; (vi) programa de rescate al sector cafetalero; entre
otros.
Un
eje articulador de los distintos componentes de la política agropecuaria podría
ser el enfoque territorial, que parte del empoderamiento de actores concretos en
una cierta zona, y busca desarrollar sus capacidades productivas con base en su
acervo de recursos naturales mediante una planeación-programación de acciones y
proyectos orientados a mejorar su participación en sus cadenas productivas, con
una visión de largo plazo.
Este
enfoque tiene referentes internacionales con larga y sólida experiencia, como
LEADER[6] en la Comunidad Europea, y
las iniciativas de organizaciones como RIMISP, Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, e IICA (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura). En México, la SAGARPA exploró una iniciativa
similar con los “Proyectos Estratégicos Territoriales” que se impulsaron entre
2010-2013, con la asistencia técnica de IICA.
De
hecho, un marco más adecuado de la política agropecuaria sería el desarrollo
rural sustentable, que incluye las actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, pesqueras, mineras, turísticas, de los actores presentes en los
territorios rurales, con un enfoque claro y explícito de conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales.
La
nueva política de desarrollo rural tendría que superar la visión segmentada y
la acción dispersa de la política actual.
[1]
SAGARPA considera granos básicos al maíz, frijol, trigo y arroz.
[2] Se
refiere a un conjunto de plantas cuyas semillas pueden usarse para la
producción de aceites. Comercialmente,
destacan la soya, el cártamo, el girasol, la canola, el ajonjolí, el cocotero,
la palma africana, las nueces y cacahuates, entre otros.
[3]
Aunque sí lo ha mencionado López Obrador en sus discursos recientes.
[4] Para
el maíz (US, No. 2 Yellow), por ejemplo, el precio de referencia es de 145.65
dólares por tonelada métrica (3.70 dólares por bushel).
[5] A
partir de la fusión de 17 programas gubernamentales radicados en diferentes
secretarías.
[6]
LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de L’Economie Rurale) es el programa insignia para el
desarrollo local participativo en el ámbito rural de los países que integran la
Comunidad Europea.
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