Propuesta de AMLO en relación con la refinación de petróleo

En los últimos años, se han vertido numerosas opiniones acerca de la conveniencia de invertir en la ampliación de la capacidad de refinación de crudo en México para atender la demanda del mercado interno y reducir las crecientes importaciones de combustibles.

El tema se ha politizado a raíz de que López Obrador incorporó en su Proyecto de Nación la intención de invertir en “nuevas refinerías”.  Pero también se ha vuelto un asunto de grandes intereses comerciales, por la apertura del mercado de importación de combustibles a los particulares desde 2017.  Varios grupos de inversionistas privados nacionales y extranjeros están invirtiendo en la infraestructura e instalaciones que se requieren para una movilización eficiente de los combustibles de importación.  PEMEX mismo ha puesto a disposición de los particulares -a través de “temporadas abiertas” y hasta ahora con poco éxito- una porción de sus instalaciones marítimas, de almacenamiento y conducción para brindar un piso más parejo a los interesados privados en la competencia interior por la distribución y venta de combustibles.

Desde el primer intento de reforma energética que se planteó en este siglo por parte del presidente Calderón en 2008 -y que se encargó de bloquear el PRI en el Congreso-, se señaló la importancia de buscar esquemas de participación privada más amplios a lo largo de la cadena de valor de la industria petrolera, como existen en la mayor parte del mundo.

En aquel momento, la opinión técnica mayoritaria parecía inclinarse por la necesidad de ampliar la producción nacional de combustibles ante el creciente déficit en este rubro, pero también por la conveniencia de no hacerlo con inversión pública, para no comprometer recursos cuantiosos que podrían tener un mayor provecho social si se aplicaban en otros renglones.

Sin embargo, la reforma energética de Calderón no se concretó y no hubo condiciones jurídicas para plantear la posibilidad de que los particulares invirtieran en la construcción y operación de nuevas refinerías.  El presidente decidió en el tramo final de su sexenio, y después de un proceso de “concurso” entre entidades federativas poco transparente, que PEMEX habría de ampliar significativamente su capacidad de refinación (en 250 mil barriles diarios de crudo), invirtiendo del orden de doce mil millones de dólares en nuevas instalaciones localizadas cerca de la refinería ya existente en Tula, Hidalgo.

Para fines de 2013, el nuevo gobierno federal encabezado por el presidente Peña decidió cancelar el proyecto de la nueva refinería, aun antes de que se concretara formalmente una nueva reforma energética, ahora planteada por el PRI dentro del “Pacto por México”, y en la cual sí se incluyó ya la posibilidad de una participación privada más amplia en toda la cadena de valor de la industria.

El argumento que se esgrimió entonces fue que a PEMEX le resultaba más redituable invertir en la modernización y reconfiguración de sus refinerías existentes que invertir en una nueva.  Se aseveró también que las condiciones de la oferta internacional de combustibles, en particular de las refinerías estadounidenses en el Golfo de México, permitían prever el suministro fluido de las importaciones complementarias que fuesen necesarias.

De entonces a la fecha, el consumo interno de combustibles ha seguido creciendo, mientras la producción nacional se ha reducido (la refinería de Minatitlán opera al 40% de su capacidad, la de Salina Cruz al 60%, y la de Cd. Madero está parada) y las importaciones han aumentado (en 2017 se importó el 75% del diesel consumido dentro del país, y el 72% de la gasolina).  Sólo la compra de gasolina en el exterior representa una factura del orden de 20 mil millones de dólares, monto superior al ingreso total por las exportaciones de crudo.

Frente a estos acontecimientos, hay voces interesadas que propalan la idea de que al país le conviene más importar combustibles que producirlos internamente, aludiendo implícitamente al contexto de corrupción que rodea a PEMEX, directivos y líderes sindicales. 

También se ha reeditado el argumento de que con recursos limitados de inversión pública, habría otros usos (proyectos) más rentables desde el punto de vista socioeconómico que la construcción de refinerías.

Si bien la situación institucional de PEMEX puede cambiar en el futuro (si en Brasil se está limpiando PETROBRAS, por qué no pensar que México también puede limpiar a PEMEX), y aunque sin duda el impacto socioeconómico y de desarrollo regional de una refinería es mucho mayor al que querrían reconocer algunos (del orden de 10 veces más empleos indirectos a los que genera de manera directa; encadenamientos productivos con la petroquímica; integración secundaria mediante la producción de calor, electricidad y biocombustibles), no hay que perder de vista de que, además, ya es posible ampliar la capacidad de refinación con una amplia participación de la inversión privada (como unidades de refinación 100% privadas o en algún esquema de asociación público-privada con PEMEX).

Por ello, es necesario ver más allá de los argumentos políticos engañosos que han expresado los candidatos a la presidencia de la República que se oponen a que se amplíe la capacidad de refinación de crudo en el país.  Meade, quien ya fue secretario de energía durante ocho meses en el periodo de Calderón, nos ha querido inducir a engaño cuando declaró en su etapa de precandidato y estando de paso por Tabasco, que “…hace 30 años no se ha construido una refinería en el mundo, con excepción de Asia…”, cuando en realidad sí se ha aumentado constantemente la capacidad de refinación de crudo para producir combustibles con nuevos trenes de destilación por varios millones de barriles diarios en gran parte del mundo, incluyendo Norteamérica.  A ello habría que sumar el aumento de la capacidad de producción de combustibles a partir del reproceso del combustóleo y otros subproductos derivados de la refinación del crudo, que ha provenido de proyectos de conversión, entre los que se encuentran lo que Meade mencionó de reconfiguración.

Quizás lo que Meade quiso decir es que efectivamente la ampliación en la capacidad de refinación de crudo para producir más combustibles suele hacerse en los mismos sitios en que ya existe una planta productiva de este tipo, ya que eso es lo que hace sentido económico.  Pero se le olvidó mencionar que los proyectos de reconfiguración aportan solamente una parte de la adición neta de capacidad de producción de combustibles, ya que otro tanto proviene de la nueva capacidad de refinación de crudo que también se ha desarrollado.

Cuando Meade señala que “… no se necesita, no sería una buena inversión…”, suena más como representante de los grupos de inversionistas nacionales y extranjeros cuyo negocio es la importación de combustibles, que como alguien que desea ser presidente de México.

Por su parte, Anaya ha querido descalificar el propósito de invertir en la ampliación de la capacidad de refinación del país, porque a su juicio, en 20 años ya no se demandarán los combustibles que ese aumento de capacidad pudiera generar.  Esto debido al avance tecnológico en materia de vehículos eléctricos.  Sin descartar que la información de soporte que utilizó Anaya provenga de una fuente respetable, es desde luego altamente especulativa y no constituye la opinión predominante en la industria automotriz.

Cabe finalmente acotar también la propuesta que hace López Obrador en su Proyecto de Nación (que por cierto se menciona en apartados distintos del documento en términos que no son del todo congruentes, ya que se menciona por un lado como proyecto la refinería de Tula, y en otras partes se señala que los sitios de las nuevas refinerías estarían en Dos Bocas, Tabasco y Atasta, Campeche).

Reconociendo la importancia que tendría la ampliación de la capacidad de refinación de crudo en el país, es necesario señalar también que el mayor impacto positivo desde el punto de vista socioeconómico y de desarrollo regional se obtendría si dicho proyecto se localiza en el Istmo de Tehuantepec, para generar sinergia con las refinerías ya existentes de Minatitlán y Salina Cruz, y buscar el impulso decidido a la industria petroquímica, ya de por sí relevante en la zona.

Ni Dos Bocas ni Atasta tienen condiciones ambientales, sociales, económicas, logísticas, adecuadas para proyectos de este tipo y magnitud.  Y me parece que no es sensato poner en riesgo proyectos que pueden ser muy relevantes para el país, en aras de una decisión política de compensar a ciertas zonas por agravios pasados.

Sin duda, Campeche y Tabasco, y sus regiones petroleras de Dos Bocas y Cd. del Carmen merecen ser impulsados con nuevos proyectos de futuro.  Solamente que no son éstos.