Las
menciones a una política regional son puntuales y esporádicas en el documento
de Proyecto de Nación. No hay un planteamiento sistemático y de gran calado que
-me parece- se requiere.
En
esta nota, argumentaré a favor de que el nuevo gobierno promueva una política
regional robusta que cruce transversalmente las acciones sectoriales de
gobierno, haga partícipes a los actores sociales locales en la definición de su
desarrollo futuro, y alinee a los tres órdenes de gobierno en torno a objetivos
comunes.
Con
base en una región o unidad territorial definida, con sus atributos y recursos
distintivos, es posible identificar, jerarquizar y ordenar -en procesos
participativos que cuenten con la orientación técnica adecuada- los proyectos
de inversión que impulsarían su desarrollo dentro de una visión intersectorial
de largo plazo.
La
visión sectorial parcializada que ha caracterizado la gestión pública, que
define acciones y prioridades en función estrictamente de su lógica e interés,
sería ajustada por un enfoque territorial integral que buscaría articular y dar
coherencia a los proyectos sectoriales específicos en función de los objetivos
de una región o comunidad.
Desde
la planeación y evaluación de los proyectos, hasta su selección y ejecución en
cada región, es posible generar procesos técnicos y deliberativos de cooperación
e interacción entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los
actores sociales locales, a fin de empoderarlos y hacerlos corresponsables.
La
nueva política regional tendría por objeto descentralizar recursos y toma de
decisiones en el impulso a proyectos de desarrollo, para dar cauce al ánimo
social y al mismo tiempo evitar cuellos de botellas en la gestión a nivel
central. De esta manera, se podría
avanzar más rápidamente y en paralelo en todos los frentes relevantes.
Con
una política de este tipo, el Presidente Electo podrá recorrer el país antes de
tomar posesión el primero de diciembre próximo, no sólo para agradecer a los
votantes y reconocer el mandato recibido, sino también para hacer una
invitación extensiva a todos los actores sociales y gubernamentales, para que
se sumen a los procesos de desarrollo regional participativo que habrá de
impulsar el nuevo gobierno[1], para inaugurar una forma
distinta de hacer política de desarrollo que sea su sello distintivo, de abajo
hacia arriba, con orientación y apoyo de arriba hacia abajo.
La
política regional redistribuye el poder en forma ordenada y acotada a
propósitos de interés común, y ayuda a dar respuesta a la expectativa de
resultados prontos que tiene la ciudadanía.
No todos los cambios dependerán de la acción federal, sino que se
volverán una tarea compartida, en la cual los actores sociales locales tomarán
el liderazgo y tendrán el respaldo de la acción coordinada de los actores
gubernamentales.
La
formulación de la política pública de desarrollo regional tendría, a grandes
rasgos, dos vertientes, una nacional y otra instrumental. Dentro de la primera, se incluirían
definiciones normativas e indicativas de carácter general:
·
Principios rectores como el fortalecimiento de
la identidad de las regiones; la promoción y conservación de la diversidad
natural, étnica y cultural; el impulso al desarrollo sustentable y a una visión
intersectorial de largo plazo; la inclusión (no dejar a nadie atrás) y equidad
entre regiones; la distribución más equilibrada de la población y la actividad
económica en el territorio nacional; una mayor integración rural-urbana; el
impulso a una mayor conectividad física y digital inter e intra-regional, así
como la planeación e integración conjunta de redes de infraestructuras estratégicas;
la búsqueda de la competitividad a partir de los atributos propios de cada
región; la participación y liderazgo de los actores sociales locales; la
mitigación y adaptación a condiciones de riesgo y vulnerabilidad; la cooperación entre órdenes de gobierno y el
alineamiento de sus acciones a objetivos comunes bajo el principio de
subsidiariedad.
·
Vinculación y coherencia con el plan nacional
de infraestructura y las estrategias nacionales de ordenamiento territorial,
urbano, rural y ecológico. Alineamiento
con el Plan Nacional de Desarrollo.
·
Zonas y proyectos estratégicos: Corredor industrial y comercial del Istmo de
Tehuantepec; zonas económicas especiales (ZEEs) en el Sur-Sureste y en la
franja fronteriza norte; corredores logísticos internacionales para vincular a
los cuatro puertos marítimos principales (Altamira y Veracruz en el Golfo de
México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico) con las zonas
industriales del país; enlaces carreteros interurbanos regionales alternativos
a los ejes troncales; entre otros.
La
vertiente instrumental por su parte sería el marco orientador para
intervenciones en unidades territoriales específicas a distintos niveles: macrorregional (conjuntos de entidades
federativas), regional (porciones de dos o más entidades federativas), estatal,
microrregional (parte de una entidad federativa). Describiría los procesos,
reglas y criterios para la organización y gobernanza territorial (participación
de actores sociales y la formalización de convenios y contratos territoriales
entre órdenes de gobierno); para la formulación de planes y estrategias de
desarrollo integral, con visión intersectorial y de largo plazo en cada nivel
de agregación territorial; así como para la definición de apoyos financieros
disponibles, tanto de presupuesto público como de la banca de desarrollo.
Aunque
la política regional no ha tenido prioridad en los últimos gobiernos federales,
han logrado subsistir algunas instancias que han acumulado experiencia y
podrían ser útiles en la instrumentación que defina el nuevo gobierno. Ejemplo de ello ha sido la labor del
fideicomiso del Sur-Sureste (FIDESUR), constituido por las nueve entidades
federativas de la región, que durante los últimos cinco años se alineó con la
Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste (CDIRSSE)[2], de la CONAGO para
formular una estrategia de desarrollo integral de la región, con cinco
vertientes de trabajo en las que se ha ido avanzando[3].
Asimismo,
será pertinente revisar algunas experiencias internacionales exitosas de diseño
e instrumentación de una política regional, ha sido sin duda la de la Unión
Europea, que ha forjado durante décadas prácticas para promover el desarrollo
de zonas rezagadas y lograr un crecimiento más equilibrado a lo largo y ancho
de los diferentes países miembros. A
nivel de país individual, probablemente Francia tiene los avances más notables,
con la creación de instituciones que han tenido la misión de promover un mejor
aprovechamiento del territorio. En
América Latina, Chile destaca con la formulación de una “Política Nacional de
Ordenamiento Territorial”[4], aprobada por su Congreso
en diciembre de 2017.
Para
el ámbito rural, el IICA (agencia de la OEA con sede en Costa Rica) ha
impulsado el desarrollo territorial como una estrategia multisectorial que
busca apoyarse en los recursos y activos propios de cada territorio, con la
participación de los actores sociales locales, a fin de generar proyectos
agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros, mineros, ambientales y sociales
que integran planes coherentes de largo plazo
[1]
AMLO ha declarado que en cada región anunciará los proyectos que habrá de
desarrollar el nuevo gobierno. Esto
puede ser pertinente para los proyectos estratégicos grandes que requieren un
liderazgo federal, pero no debe hacerse extensivo a proyectos de carácter
regional, que requieren de participación y liderazgo local.
[2]
Presidida por el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Dicha Comisión quedará acéfala al final del
año, por lo que sería oportuno generar aquí también un proceso de transición,
incluyendo a los nuevos gobiernos estatales que entrarán en funciones en los
próximos meses (el propio Tabasco,
Chiapas, Yucatán, Veracruz y Puebla).
[3]
Inclusive, el presidente de la CDIRSSE negoció con el Secretario de Hacienda la
formación de un fondo con recursos de preinversión para la región, el FONSUR,
que durante varios ejercicios fiscales canalizó 500 millones de pesos del
presupuesto federal para la elaboración de estudios y proyectos. Sin embargo, la ambigüedad en las reglas de
operación de FONSUR permitió que las entidades federativas decidieran
repartirse proporcionalmente los fondos y luego destinarlos a proyectos
estatales que no tenían relación con el desarrollo regional (como un tramo de segundo piso en la ciudad
de Campeche, cuyo proyecto ejecutivo se realizó con cargo al fondo).
[4] A
diferencia de México, en Chile el ordenamiento territorial se concibe no sólo
como hacer planos, sino en primer lugar como el diseño e instrumentación de
estrategias y planes de desarrollo integral.
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