Proyectos estratégicos en el Proyecto de Nación de AMLO, 3

Por su impacto potencial en el desarrollo rural del país y, particularmente, de la región Sur-Sureste, destaca el proyecto que consiste en plantar del orden de un millón de hectáreas con árboles maderables y frutales.  Cabe destacar que México, en sus regiones tropicales tiene una gran ventaja comparativa frente a los países desarrollados del Hemisferio Norte, y que consiste en que el desarrollo forestal maderable es mucho más rápido.

Nuevamente, se trata en realidad de un programa con múltiples componentes que puede dar lugar a una gama diversa de proyectos específicos distintos, con finalidades de desarrollo económico, de mejoramiento social o ambiental.

Sin desdeñar el objetivo de sembrar árboles con un propósito puramente ambiental, para recuperar zonas erosionadas o siniestradas, o para densificar parques nacionales y urbanos, entre otras formas de hacerlo, me parece que el programa forestal que propone el Proyecto de Nación se orienta primordialmente al desarrollo económico y -de manera complementaria a otros programas- al mejoramiento social.  En este segundo caso, imagino que se pueden armar, por ejemplo, dotaciones de árboles frutales para ayudar a las unidades familiares a establecer huertos en los que puedan cosechar en unos años limones, naranjas, mangos, guanábana, mamey, chicozapote, rambután, marañón, etc., con paquetes tecnológicos y asistencia técnica apropiados para su implantación en pequeña escala.[1]

Al poner el énfasis en generar y multiplicar unidades económicas rentables de producción forestal de escala pequeña y media[2] se estaría buscando incidir en situaciones como las siguientes:

a)    Ayudar a aliviar la presión sobre los bosques naturales de los ejidos y comunidades que practican un manejo forestal comunitario y diversificar sus fuentes de ingreso

b)    Promover modelos de ganadería semi-intensiva en unidades ganaderas actuales, a fin de liberar tierras que puedan reconvertirse al uso forestal

c)    Diversificar cultivos de unidades agrícolas de productores organizados.

En todos los casos, se trataría de aprovechar tierras ya desmontadas y de acahual, lo más compactadas y planas que sea posible dentro de cada unidad productiva interesada en participar en el programa. 

Se podría invitar a las empresas de mayor escala que han tenido éxito en el desarrollo de plantaciones forestales a que se hagan cargo de regiones específicas, contribuyendo a resolver tres temas clave:

·         Asegurando la compra del producto con ciertos estándares de calidad y con fórmulas de precio que resulten remunerativas para los productores, a través del establecimiento de unidades de acopio apropiadas

·         Cooperando con la definición de los paquetes tecnológicos y la capacitación de los extensionistas rurales, a fin de que las plantaciones se realicen con las técnicas que reflejen el estado del arte en la materia

·         Proporcionando, cuando resulte conveniente[3] y mediante contratos de venta multianuales, la plántula que habrá de sembrarse.

Este tipo de involucramiento daría lugar a contratos de suministro y asistencia técnica entre las empresas forestales de mayor escala y las unidades productivas interesadas.  Dichos contratos serían supervisados por las autoridades, a fin de garantizar que se formulen en condiciones justas y se respeten.

El papel del gobierno federal, además del diseño general del esquema, y de la promoción ante los grupos interesados potenciales, consistiría en proporcionar:

·         La asistencia técnica multianual para cada unidad productiva participante[4]

·         Plántula de calidad en los casos en que no pueda ser suministrada por las empresas forestales participantes

·         Recursos financieros para realizar la siembra durante los años que tenga el ciclo de la especie seleccionada, así como las labores de mantenimiento y aclareo previstas en el paquete tecnológico respectivo[5].

El gobierno federal formalizaría la participación de las empresas forestales de mayor escala mediante un convenio de cooperación ad hoc, y documentaría el apoyo a las unidades productivas participantes con base en las reglas de operación del programa de fomento forestal productivo que se diseñe.

Algunas funciones y responsabilidades podrían compartirse/delegarse con autoridades estatales y municipales, según resulte práctico para la operación del esquema, a través de convenios de coordinación específicos.

Durante la fase de planeación del programa, es indispensable que los responsables técnicos en el gobierno federal conversen ampliamente con las empresas forestales exitosas de mayor tamaño, ya que esta actividad productiva, para ser competitiva internacionalmente, requiere generar economías de escala y de aglomeración, y tener una participación en los mercados con cierta capacidad de negociación, que no estaría al alcance de unidades productivas pequeñas, dispersas y desorganizadas.

Con este programa se estaría innovando en esquemas de asociación pública-privada-social que aprovechan las capacidades de autoridades, empresarios y productores rurales para alcanzar objetivos de encadenamientos productivos y de rentabilidad económica en cada eslabón de la cadena, así como de inclusión social y sustentabilidad ambiental.

Pasado el primer ciclo de crecimiento de cada especie, el esquema no sólo se vuelve autosuficiente sino también de alta rentabilidad.

Otra vertiente distinta de promoción del desarrollo forestal podría pensarse con las grandes empresas que han tenido éxito en la materia, en la medida en que estuvieran dispuestas a impulsar una industria silvícola de mayores proporciones, para producción de celulosa y papel, y/o para la producción de muebles.  Pero esto tendría que ser materia de otra nota.

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[1] La base de operación principal de esta vertiente del programa forestal podría operar desde los campos experimentales de la SAGARPA, del FIRA, de los tecnológicos agropecuarios, de los campus del Colegio de Posgraduados (COLPOS) de Chapingo, entre otros; y actualizando -con la coordinación del INCA Rural- a los prestadores de servidores profesionales en las zonas que se incorporen al programa, a fin de que acompañen el proceso en forma multianual, y se hagan co-responsables de los resultados que se vayan obteniendo.

[2] Se estima que para especies maderables, la superficie mínima rentable sería del orden de 40 a 100 hectáreas, considerando una siembra anual de 4 hectáreas durante un ciclo de 10 a 25 años de maduración, según se trate de especies de rápido crecimiento (eucalipto, melina) o bien de maderas duras, preciosas y no convencionales (teca, cedro, caoba, tsalam, etc.).

[3] Por ejemplo, cuando la empresa forestal cuente con material vegetativo de alta calidad por el trabajo de mejoramiento genético que ha realizado.

[4] A través de prestadores de servicios profesionales coordinados por el INCA Rural, y evaluados según los resultados obtenidos año con año en cada plantación.

[5] El subsidio podría ser diferenciado según la capacidad económica de la unidad productiva participante, pero es indispensable y tiene que ser multianual, a fin de dar viabilidad a un cultivo que tiene costos todos los años pero no genera ingresos sino hasta varios años después.