Hace unos días, el pasado 25 de enero, el gobernador Ortega Bernés reiteró el propósito de su gobierno por impulsar el desarrollo de los puertos del estado. Sin duda, este anuncio sería motivo de regocijo, a no ser porque los proyectos que quiere hacer la API de Campeche en los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya están equivocados.
Hay varios errores evidentes en los proyectos que formuló la administración anterior de la API y que, por lo visto, está respaldando ahora la nueva dirección de la empresa.
En primer lugar, y para empezar por los aspectos físicos que son más evidentes, el proyecto de ampliación que se ha planteado para Isla del Carmen consiste en un muelle marginal de mil doscientos metros de longitud, sobre la línea de costa de la isla, a mar abierto, sin protección alguna contra el oleaje y con una profundidad de seis metros. Con este diseño, esas instalaciones tendrían un uso muy reducido y una operación riesgosa, debido a que no contaría con las condiciones de calma que brinda un recinto protegido del oleaje. Además, esa profundidad no serviría para el arribo de embarcaciones abastecedoras de última generación, que son las que se ocupan en las actividades de aguas profundas, y cuyo calado es en promedio de 22 pies. El futuro de la actividad petrolera costa afuera está en las aguas profundas, y sin instalaciones portuarias apropiadas Cd. del Carmen perderá su muy importante lugar en esta actividad.
En segundo término, las obras no responden a los requerimientos del usuario principal que es, ha sido durante 30 años, y previsiblemente continuará siendo PEMEX. La logística de abastecimiento de PEMEX-Exploración y Producción (PEP) necesita una terminal marítima que sea el estado del arte en cuanto a servicios portuarios para la industria petrolera costa afuera, semejante a la terminal que opera en el puerto de Fourchon, Louisiana. Nada más alejado de esta idea que lo que propone hacer la API.
Tampoco se han considerado otras necesidades importantes, como es la construcción de un astillero de mantenimiento y reparación al servicio de las embarcaciones que operan en la Sonda de Campeche, e inclusive una terminal pequeña de mantenimiento y reparación de plataformas y sus partes.
Sólo se ha previsto en el proyecto portuario de la API un muelle para prestar servicio público, lo cual es importante y necesario, pero no se justifica en la forma que se quiere hacer: son obras muy costosas para el servicio que hipotéticamente prestarían (más de mil millones de pesos, sin considerar el costo del dragado a una profundidad de seis metros del canal de navegación actual), que no atienden las necesidades reales y que desde el punto de vista físico no van a funcionar.
El proyecto de ampliación del puerto de Seybaplaya, por su parte, busca llegar a ser una réplica del puerto de Progreso, pero hasta antes de su última ampliación del año 2000, cuando realmente alcanzó una escala competitiva. Para ello, invertiría del orden de 800 millones de pesos a fin de construir un viaducto de casi 6 kilómetros de longitud y 9 metros de ancho sobre el lecho marino, y una terminal remota con una superficie de 2.5 hectáreas, un muelle marginal de 259 metros, y una profundidad de 8 metros.
Con estas especificaciones, Seybaplaya no sería competitivo frente a Progreso, ya que sólo permitiría arribos de embarcaciones pequeñas –graneleras, para carga paletizada o inclusive de contenedores- a costos mucho más elevados por unidad de carga. Los cruceros turísticos, de dos mil pasajeros o más, que ya están llegando a Progreso no podrían utilizar esas instalaciones. Sólo tendría capacidad para operar abastecedores de la industria petrolera costa afuera, pero para competir con Cd. del Carmen le faltaría desarrollar la infraestructura administrativa, logística y empresarial que se ha consolidado a lo largo de 30 años en la isla.
No debe hacerse una ampliación del puerto que no tiene una orientación clara hacia sus mercados potenciales, y ofrece –si acaso- una escala reducida de atención. La verdadera oportunidad de generar beneficios importantes se encuentra en su vinculación con el ferrocarril y con un corredor industrial adjunto, pero ese es otro proyecto.
En conclusión, ambos puertos pueden ser, con su desarrollo futuro, motores para el crecimiento del estado, pero es necesario revisar y ajustar cuanto antes los proyectos actuales.
Sin pretender tener la única verdad en esta materia, me parece que si el gobierno del estado está dispuesto a invertir del orden de dos mil millones de pesos en dos proyectos portuarios que –en mi opinión y con base en una experiencia de veinte años en planeación portuaria- son muy cuestionables, también debería estar dispuesto a dedicar unos cuantos pesos a la realización de sendos foros públicos de discusión técnica y análisis de los proyectos: uno en Cd. del Carmen para revisar el proyecto portuario de la isla, y otro en la ciudad de Campeche para tratar lo concerniente a Seybaplaya. A dichos foros se invitaría a expertos reconocidos para que ofrecieran sus puntos de vista, después de lo cual una comisión mixta, con la participación de los gobiernos del estado y federal y, -con un papel de tercería técnica- de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria Marítima y Costera, A.C., quienes emitirían las conclusiones y recomendaciones que estimaran pertinentes.
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