Estamos celebrando treinta años de Cantarell, el supercampo petrolero marino de mayor tamaño en el mundo, que debe su nombre al pescador campechano que lo descubrió a mediados de la década de los setenta.
Con la extracción de hidrocarburos a corta distancia de sus costas, el estado de Campeche, y particularmente el municipio de Carmen, cambiaron drásticamente su perfil productivo. Durante casi tres décadas, el mar somero de la Sonda de Campeche ha aportado al país más del 80% de la producción total de crudo y alrededor de la tercera parte del gas nacional.
Sin embargo, la generación de esta riqueza no tuvo mayor efecto en las finanzas del estado. Mientras que otras entidades federativas como Chiapas y, especialmente, Tabasco veían retribuida su producción terrestre de hidrocarburos con mayores ingresos a través de participaciones federales, a Campeche se le escamoteó el registro de su producción marina, con el argumento de que el mar patrimonial es de dominio federal y, por tanto, no se podía asignar a ninguna entidad federativa en particular.
Y efectivamente, el mar es de dominio federal y el petróleo es de la Nación, pero no se trataba de discutir la propiedad del recurso, sino tan solo de reconocer lo que en otras latitudes, por ejemplo el Mar del Norte, era una obviedad: la producción petrolera costa afuera es posible si existen bases operativas y logísticas en tierra, así como infraestructura y servicios urbanos y un conjunto amplio de empresas proveedoras, constructoras y prestadoras de servicios.
Esto es lo que ha sido Cd. del Carmen para la producción de hidrocarburos en el mar. Lo mismo que han sido los puertos de Aberdeen para los ingleses y de Stavanger para los noruegos.
Fue hasta el Censo Económico del 2004 cuando el INEGI, como órgano gubernamental encargado de la información estadística del país, incorporó criterios de medición de la actividad económica que reconocieron que la producción marina de hidrocarburos depende de unidades económicas establecidas en el municipio de Carmen, y que por lo tanto, el valor de dicha producción debía registrarse ahí.
Esto dio pauta para que con la Reforma Petrolera del 2007 fructificara, por fin, la larga lucha de Campeche para obtener justicia fiscal en cuanto a la producción de hidrocarburos.
Una pequeña adición a la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 4º B, crea el Fondo de Extracción de Hidrocarburos como instrumento para compensar a las entidades federativas por los impactos que genera la actividad petrolera.
El estado de Campeche fue, y enhorabuena, el principal beneficiario de este fondo a partir del 2008.
A un año de su fallecimiento [el artículo se escribió en octubre del 2009], no debemos escatimar el reconocimiento a Juan Camilo Mouriño como artífice clave, cuando todavía estaba en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, en la gestión política para que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos pudiera concretarse.
Restricciones del Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Ahora quisiera señalar algunas restricciones que han surgido a casi dos años de operación del Fondo.
En primer lugar, los recursos del Fondo han probado tener un rango amplio de variación, ya que su cálculo depende de los precios internacionales del petróleo y gas. 2008 fue un año de jauja: se presupuestaron mil doscientos millones de pesos provenientes del Fondo en la Ley de Ingresos estatal, y se recibieron más de dos mil millones. Pero 2009 fue la otra cara de la moneda: se presupuestaron mil seiscientos cincuenta millones de pesos y se recibirán cuando mucho mil millones. De un año a otro, el ingreso bajó a la mitad.
En segundo lugar, el Fondo no estuvo exento de manipulación política. Desde su origen, y ante la presión de los legisladores de estados norteños que son productores principalmente de gas, se incorporó en la fórmula de cálculo para distribuir los recursos entre las entidades federativas una ponderación mayor para la producción de gas frente a la producción de aceite. Este criterio resulta desventajoso para Campeche porque el estado, al igual que el país, es primordialmente productor de crudo.
Además, a finales del 2008, se modificó nuevamente la fórmula para reforzar ese criterio. Como consecuencia, y para ilustrar su efecto, supongamos que el país produce el mismo valor de crudo que de gas. Resulta entonces que los estados que producen crudo recibirán sólo el 25% de los recursos que capte el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, mientras que los estados que producen gas recibirán el 75% de los recursos totales del Fondo. Esto no es sostenible y debe modificarse. Aquí hay una tarea importante y concreta para nuestros legisladores federales.
En tercer lugar, conforme se incorporen más entidades federativas productoras de hidrocarburos y conforme se desarrollen campos que tendrán un tratamiento fiscal distinto (léase menor pago de derechos), el monto de los recursos del Fondo se incrementará en menor medida que el valor de hidrocarburos sobre los que se calcula la distribución entre las entidades federativas. En otras palabras, más burros y menos olotes.
En cuarto lugar, en el caso de Campeche, el beneficio neto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos es menor porque en el mismo año de 2007, el gobierno del estado negoció con la Secretaría de Hacienda la terminación del llamado “Acuerdo Petrolero”, mediante el cual la entidad recibió cada año un apoyo directo de dicha Secretaría desde 1990 hasta mediados del 2008. El monto de estos recursos era menor que los del Fondo, pero de naturaleza más estable. En el 2007, alcanzaron casi los 600 millones de pesos. Hoy, esos recursos ya no existen.
En suma, las cuentas de la justicia fiscal para Campeche no nos cuadran todavía.
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