El gobierno estatal de Campeche para el periodo 2009-2015 tendrá la responsabilidad de encauzar el desarrollo portuario por una senda que contribuya a elevar la competitividad de las actividades económicas locales. Desde 1996, cuando el gobierno federal le concesionó el manejo de los recintos portuarios del entonces Laguna Azul (hoy Isla del Carmen) y de Seybaplaya –entre otros- al gobierno del estado de Campeche, a través de la figura de la API (Administración Portuaria Integral) prevista en la Ley de Puertos, y hasta la fecha, se ha carecido de una visión clara sobre el papel que éstos desempeñan y sobre la forma de estructurar proyectos portuarios viables desde las ópticas comercial y financiera.
Con frecuencia, se pierde de vista que los puertos no son negocios en sí mismos, sino que son un eslabón en la cadena logística de las empresas que los utilizan. Su evaluación depende menos de los ingresos directos que reciban que de su labor facilitadora, o por el contrario, obstaculizadora de la actividad económica.
Esto es particularmente relevante en el caso de la API de Campeche, que como empresa paraestatal ha logrado negociar con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que la Federación le ceda los derechos portuarios que pagan los barcos que llegan a cargar crudo a los dos buques-cisterna que PEMEX-Exploración y Producción (PEP) ha instalado cerca de las zonas productoras en la Sonda de Campeche. Ya con anterioridad, desde el otorgamiento de la concesión, la API de Campeche recibía como ingresos propios lo que habían sido derechos portuarios por la carga de crudo en el puerto de Cayo Arcas.
La suma de estos ingresos, más lo que recauda la API por concepto del movimiento de embarcaciones en Isla del Carmen (el puerto que más movimientos portuarios registra en el sistema portuario nacional) y en Lerma (por donde ingresan anualmente poco más de 700 mil toneladas de productos derivados del petróleo: combustóleo para la planta termoeléctrica de la CFE y petrolíferos para el consumo local), alcanza montos muy significativos. Basta comparar los 250 millones de pesos que la API de Campeche tenía presupuestados como ingresos para el año 2008, con los 175 millones de pesos de Coatzacoalcos, los 117 millones de Progreso o los 105 de Dos Bocas (éste último en el año 2007). Ello contrasta con el volumen de carga –descontando el petróleo crudo- que se mueve por estos puertos, ya que los puertos sumados de la API de Campeche son los que menos carga movilizan.
La pregunta crucial para el desarrollo de Campeche consiste en qué va a hacer la API con esos recursos para facilitar la actividad económica en las dos zonas portuarias principales del estado.
Dado que no están disponibles en el portal de internet de la API ni los proyectos ejecutivos, ni los análisis costo-beneficio, ni las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos que se anunciaron en meses pasados para Isla del Carmen y Seybaplaya, no se cuenta con elementos de mayor detalle para confirmar o rectificar la impresión inicial de que se trata de parches que no resuelven las necesidades ni buscan aprovechar cabalmente los potenciales de estas zonas portuarias.
Pero lo que se conoce es suficiente para prender un gran foco rojo. Los proyectos portuarios de gran escala tienen efectos importantes sobre un conjunto amplio de actividades económicas, y deben ser conocidos y discutidos por quienes pueden ser afectados: usuarios actuales y potenciales (particularmente el área de logística marítima de PEP y quienes pudieran movilizar carga comercial en el futuro), autoridades municipales y federales, además de otras oficinas del propio gobierno estatal.
Aún más, los grandes proyectos portuarios –como son o deberían ser los de Isla del Carmen y Seybaplaya- deben tener una visión de largo plazo, que rebase un interés particular de corto plazo, y que los vincule con otros proyectos relevantes en la región. Es el caso, por ejemplo, de la conexión ferroviaria que debiera buscar el puerto de Seybaplaya y el desarrollo de un corredor industrial asociado al puerto; y, en el caso del puerto de Isla del Carmen, de enfocar una ampliación que incluya una nueva terminal de abastecimiento de clase mundial para PEP y un astillero de mantenimiento y reparación de embarcaciones. Estos elementos tampoco están presentes en los proyectos actuales.
La ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Isla del Carmen son proyectos de amplio impacto regional, que pueden beneficiar en gran medida la logística de las actividades económicas del estado y, en particular, a los dos principales centros de población de la entidad. Es necesario visualizarlos en su contexto regional; en sus ámbitos económico, social, ambiental y territorial; y no como iniciativas aisladas de obra pública.
De hecho, el financiamiento de los proyectos es uno de los aspectos en que más podría innovarse, con un nuevo enfoque que busque –en donde sea pertinente- la participación de la inversión privada, a fin de estirar al máximo los recursos públicos escasos. No hay que olvidar que la API de Campeche tiene también una responsabilidad con la infraestructura y las instalaciones de las comunidades pesqueras del estado.
Existe pues la oportunidad para que los puertos de Campeche sean plataformas eficientes que apoyen la competitividad de las actividades económicas del estado. Y se cuenta en gran medida con los medios para hacerlo. Es menester que el nuevo gobierno estatal supere visiones e intereses estrechos y convoque a un esfuerzo conjunto y creativo a los demás actores sociales involucrados.
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