A diferencia de la mayor parte del país, la Península de Yucatán –en términos generales- no tiene problemas de escasez de agua. El recurso existe en abundancia en el subsuelo. La recarga anual se concentra en la zona selvática del centro-sur peninsular y de ahí fluye hacia los litorales de los tres estados vecinos: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En el balance hidráulico de la cuenca, los usos que consumen agua (agrícola, industrial, urbano) son pequeños en comparación con la oferta disponible.
Nuestro problema es distinto, es de calidad. Por la composición geológica del territorio, el agua subterránea tiene un alto contenido de carbonatos. Apenas se ubica en los límites permisibles de la norma sanitaria en materia de dureza total del agua. Esto significa que aun cuando se clorine, no es un agua que se pueda beber directamente. Y además impone un alto costo a la infraestructura de conducción del agua, ya que genera sedimentos que obstruyen el paso del agua y acortan sensiblemente la vida útil de la red de ductos. La solución en este caso es técnicamente simple: se construye una planta potabilizadora que “suaviza” el agua.
Pero existe un segundo problema relacionado con la calidad del agua que es más complicado. Se refiere a la contaminación de las fuentes de agua y del mar en la zona costera, derivada de las actividades humanas: por los pesticidas y agroquímicos diversos que utiliza la agricultura, las aguas residuales municipales y efluentes industriales que generan las zonas urbanas, los residuos sólidos urbanos y de las actividades pecuarias. Este fenómeno es más grave porque afecta la salud pública, y actividades económicas tan importantes para Campeche como el turismo y la pesca. Una parte importante de la solución en este caso –nuevamente desde el punto de vista técnico- consiste en el desarrollo de sistemas de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales para las principales ciudades.
En adición, la temporada de lluvias nos recuerda cada año, con las inundaciones de rigor, la falta que hace una buena planeación urbana que se respete, y que no contamos tampoco con sistemas de drenaje pluvial capaces de encauzar y desalojar las precipitaciones de mayor intensidad. La solución en este caso empieza por reconocer los cauces naturales del agua, y por no ponerse en su camino.
Por si lo anterior fuera poco, los centros urbanos deben enfrentar cotidianamente problemas relacionados con la operación de las redes de agua potable, su mejoramiento y ampliación para alcanzar a cubrir a toda la población.
Sin embargo, los problemas del agua no sólo son de ingeniería. Si así fuera, bastaría con diseñar, programar y ejecutar obras. En la vida real, estos problemas tienen una expresión ambiental, económica, social y política que no debemos soslayar.
Desde el punto de vista ambiental, es necesario regular para disminuir al máximo posible la generación de contaminantes, su tratamiento y su disposición final. Al mismo tiempo, se requiere aumentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en torno a soluciones eco-eficientes que hagan más “verdes” las actividades humanas: pesticidas biológicos, alternativas de fitodepuración, plantas modulares pequeñas en vez de macroplantas para el tratamiento de las aguas residuales, entre otras.
Las soluciones que se propongan deben pasar, desde la óptica económica, dos filtros: uno es demostrar que generan más beneficios que costos a la comunidad, y el otro es que son financieramente viables. Debemos recordar que, si bien los recursos de inversión pueden estar disponibles en los programas federales y estatales, las obras en materia de agua luego se tienen que operar y mantener, y que esa es una responsabilidad municipal, particularmente crítica en el caso de las dos ciudades principales del estado.
El enfoque social del problema nos recuerda quienes son los beneficiarios de las acciones que se toman, pero también la necesidad de sensibilizar a la comunidad sobre su participación en las soluciones que se apliquen. Particular relevancia tiene lograr la aceptación a la necesidad de elevar las tarifas de agua y saneamiento para que reflejen sus costos reales, y de formular una política de tarifas que proteja a la vivienda popular, sea diferenciada por tipo de usuario y le cobre más a quien más consuma. Cd. del Carmen ya recorrió ese camino, y hoy su sistema municipal de agua potable y alcantarillado (SMAPA) recauda más de tres veces lo que la ciudad capital del estado, con una dotación de la mitad de agua. Gracias a que su situación financiera estaba saneada, el SMAPA podrá acometer el reto de operar y mantener el nuevo acueducto de Chicbul-Cd. del Carmen, ahora en construcción.
Finalmente, cuando se identifica una solución integral y de largo plazo, aparece una aduana insalvable: la del “costo político”, que las autoridades en turno suelen adjudicar en función de sus propios intereses de corto plazo (primordialmente partidistas y electoreros). Algunas obras hidráulicas urbanas, como el drenaje sanitario, no sólo están enterradas (y por tanto no están a la vista para que la comunidad las aprecie) sino que además brindan sus mayores beneficios en el mediano y largo plazos, y requieren que la comunidad comparta los costos. Por lo tanto, son candidatas a quedar postergadas indefinidamente cuando lo que se busca son rendimientos visibles inmediatos.
¿Qué hacer? Necesitamos empezar por fortalecer la conciencia y la participación ciudadanas para asignarle su justo valor a programas y proyectos que constituyen soluciones verdaderas, como este de la gestión integral del agua, frente a opciones de “parches temporales” que sólo agravan el problema y hacen que su atención en el futuro resulte cada vez más costosa para todos.
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