Una parte sustancial de los recursos de inversión pública que la Federación canaliza a los gobiernos estatales y municipales requiere para su asignación que se aporten recursos de contrapartida. Tal es el caso de los programas de agua potable, de los programas de apoyo al campo (incluyendo pesca y acuacultura), de los programas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), entre otros.
En una época de caída en los ingresos públicos como la que estamos viviendo, la restricción más severa se vive a nivel municipal. Ese es el eslabón más débil en la cadena del financiamiento público. Y es común, como sucede en Campeche, que los gobiernos municipales no cuenten con recursos propios de contrapartida para acceder a programas de inversión necesarios.
La posibilidad de que los municipios inviertan y de que lo hagan de acuerdo con sus prioridades, depende entonces de factores aleatorios (su capacidad de negociación frente al gobierno del estado, el interés del gobierno estatal por apoyar a un determinado municipio, etc.), lejos de un sistema de distribución cierto y transparente.
Sin certidumbre sobre su inversión más básica, los gobiernos municipales no pueden planear y se concentran en la gestión interminable para obtener recursos. Esta forma de gobernar es, sin duda, poco eficiente.
¿Cuáles son las alternativas? Campeche tiene la oportunidad de innovar en los esquemas de distribución de recursos estatales hacia los municipios, elevando al mismo tiempo el grado de compromiso político de ambos órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil.
Para ello se podría constituir un fondo municipal de proyectos con un porcentaje de los recursos que recibe anualmente el gobierno del estado por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi). A la fecha, los gobiernos municipales reciben entre todos el 24% de estos recursos captados por el gobierno estatal, y la distribución se realiza de acuerdo con el tamaño de la población de cada municipio y, complementariamente, su esfuerzo de recaudación propia (tarifas de agua e impuesto predial, básicamente). Para el fondo municipal de proyectos se podría destinar un 13% adicional, que equivaldría a la mitad de lo que está proponiendo un grupo de diputados del Congreso local (ellos piden llegar hasta el 50% de los recursos del Fexhi como distribución directa a los municipios, lo cual significa un 26% adicional al 24% que ya se otorga).
Estos nuevos recursos se distribuirían conforme a criterios aceptados por los once municipios, para ser utilizados en proyectos de inversión que tengan como característica indispensable captar recursos de contrapartida de los gobiernos federal y/o estatal, así como –en su caso- de la inversión privada.
El objetivo sería no sólo hacer llegar más recursos a los gobiernos municipales, sino al mismo tiempo garantizar que su uso responderá al impulso de proyectos que son prioridades locales, y que cuentan con el respaldo y el efecto multiplicador de los otros órdenes de gobierno, así como el interés –nuevamente en su caso- del capital privado.
En particular, estos fondos permitirían a los gobiernos municipales sentarse a la mesa con el gobernador del estado en un plano de mayor igualdad, a fin de alinear objetivos comunes, así como salir de la trampa en que se encuentran ahora y que no les permite ni siquiera financiar los estudios y proyectos que requieren para justificar la inversión.
El Congreso de Campeche tiene la palabra.
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