Interés público vs beneficio privado

La función de gobierno debe estar invariablemente regida por un criterio de interés público.  Los individuos y los grupos de la sociedad procuran su propio beneficio y buscan obtener el apoyo de la acción pública para sus iniciativas.  Cuando ambos intereses –el público y el de particulares- coinciden, se generan sinergias que revitalizan la vida de la sociedad.

Sin embargo, hay ocasiones en que lo que es bueno y conveniente para una persona o para un grupo social no lo es para la comunidad en general.  Por ello, quienes ejercen la función de gobierno deben saber distinguir y actuar en consecuencia.  Cuando esto no sucede, surgen los conflictos y se carece de claridad y de argumentos para resolverlos a favor del bienestar común.  Hoy en Campeche vivimos varios ejemplos que ilustran esta disyuntiva entre el interés público vs el beneficio privado.

1.  Los pozos que suministran la mayor parte del agua potable de la ciudad de Campeche se ubican en terrenos del ejido de Chiná, y los ejidatarios pretenden cobrarle al gobierno municipal de Campeche montos que están fuera de toda realidad.  Lo procedente conforme a la Ley es expropiar esos terrenos por la muy evidente causa de utilidad pública, e indemnizar al ejido por el valor que tuvieran terrenos semejantes en la zona.

2.  Se pretende regular la pesquería del pepino de mar en la Península de Yucatán.  Después de muchos años de combatir infructuosamente la pesca ilegal del pepino de mar, la CONAPESCA anuncia un conjunto de medidas para solucionar “de manera integral” este asunto.  Se permitirá hacer pesca de fomento controlada y vinculada a la investigación del recurso, a fin de determinar si en el futuro se podrán otorgar permisos de pesca comercial y, en su caso, en qué medida, con objeto de garantizar su aprovechamiento sustentable.  Los intereses en juego son enormes.  Un kilo del producto secado alcanza precios entre 300 y 500 dólares en los mercados consumidores de Asia.  Aquí se paga, a pie de playa, 4 pesos por kilo de producto fresco al pescador  (un kilo secado requiere entre 10 y 20 kilos de producto fresco, según el porcentaje de humedad que se requiera).  Entre ambos extremos hay una cadena de intermediarios y procesadores que se han enriquecido en la ilegalidad.  Esperamos que la solución integral de la autoridad, si se decide permitir la pesca comercial de pepino de mar en el futuro, incluya entre otras medidas, las siguientes, para alinear el beneficio privado con el interés público:  (i) socializar el procesamiento del producto, instalando un planta por comunidad pesquera relevante, de la cual sean socios todos los pescadores individuales, y en cuyo órgano de gobierno participen autoridades locales;  (ii) apoyar con estudios de mercado a las plantas procesadoras para que comercialicen el producto en la mejor forma posible dentro de la cadena de distribución internacional;  (iii) distribuir los permisos de captura comercial con base en criterios que se discutan previamente en forma pública;  (iv) constituir un fondo con un porcentaje de las ventas para apoyar la investigación y desarrollo tecnológico del cultivo del pepino de mar;  y (v) excluir por completo de la actividad a quienes hasta hoy han venido depredando el recurso.

3.  En torno al Centro Histórico las calles se están modificando para ampliar los espacios de estacionamiento de vehículos particulares.  El espacio público se “privatiza” en vez de que se favorezca el transporte público y se amplíen las áreas de convivencia comunitaria.  La solución sensata ha sido siempre el establecimiento de estacionamientos grandes alrededor del Centro Histórico.  Los predios existen pero los particulares especulan con ellos y quieren venderlos a precio de oro, que desde luego nada tiene que ver con el valor catastral del predio y lo que pagan de impuestos por ellos.  Nuevamente, en este caso, la Ley otorga a la autoridad la facultad de expropiar los predios privados por una causa de utilidad pública perfectamente demostrable, mediante una indemnización que sea razonable.

4.  El gobernador ha anunciado inversiones por más de 500 millones de pesos para ampliar los puertos de Seybaplaya e Isla del Carmen que administra a través de la API de Campeche.  Este es, sin duda, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la actual administración estatal.  Sin embargo, no es una buena señal que se haya clasificado como información reservada la petición que realicé para conocer los estudios de mercado, de costo-beneficio y de maniobrabilidad de dichos proyectos, ya que son elementos básicos para apreciar si efectivamente una inversión con recursos públicos tan importante redundará en verdaderos beneficios para la comunidad en los años por venir.